El presidente de la República como "ley mordaza" la norma aprobada en el Pleno y aseguró que afecta el deber del Estado y los derechos de las personas.
El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció este jueves que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, contra la ley que Regula el Gasto de Publicidad del Estado Peruano que aprobó el Pleno del Congreso.
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el mandatario ratificó su postura respecto de la iniciativa presentada por Mauricio Mulder (APRA), que impide al Estado contratar a medios de comunicación para publicitar sus programas.
El mandatario también consideró que vulnera el deber que tiene el Estado de difundir sus programas, además del derecho de información de las personas, pues se les impedirá acceder a las medidas del Gobierno.
Oficialismo adoptará medida similar
Al respecto, también se pronunció el vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, quien dijo que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la norma, tal y como lo había adelantado la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz.
"Nosotros hemos anunciado como bancada, y también lo ha anunciado el Ejecutivo a través del presidente Vizcarra, que vamos a plantear una acción de inconstitucionalidad que será resuelta por el Tribunal Constitucional en los próximos meses ya siguiendo el procedimiento del propio tribunal", dijo en Edición Central de RPP Noticias.
Previamente el mandatario había expresado su rechazo a la medida que ya había sido observada por el Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y que regresó a la comisión de transportes y Comunicaciones para su debate. Desde allí fue aprobada nuevamente por insistencia y el dictamen fue aprobado este jueves por el Pleno del Congreso de la República.
Proceso de acción ante el Tribunal Constitucional
El exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Ferrero, se pronunció sobre la decisión del Gobierno para presentar una acción de inconstitucionalidad y comentó que el proceso ante el Tribunal Constitucional podría demorar aproximadamente un año. Además dijo que el proceso se podría prolongar si el Congreso decide prolongar la defensa de su ley.
“Estimar un plazo es muy difícil; sin embargo, se puede decir que aproximadamente puede ser un año (…) es muy difícil decir cuánto demora porque depende de la actitud de la otra parte, el Congreso va a tratar de defender su ley que acaban de aprobar”.
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