Según la procuradora Silvana Carrión, el expresidente declaró que "no tenía dinero" para que EE.UU. le asignara un defensor público. Sin embargo, luego contrató uno de los estudios jurídicos "más importantes", lo que habría sido considerado como "fraude" por la justicia norteamericana
Judiciales
Alejandro Toledo llegó al Perú el 23 de abril proveniente de EE.UU.
El día de ayer, domingo, el expresidente Alejandro Toledo arribó a suelo peruano tras ser extraditado de EE.UU. para responder ante la justicia por presuntos sobornos recibidos de la empresa Odebrecht.
Cabe resaltar que el exjefe de Estado viajó al país norteamericano en el 2016, cuando ya estaba siendo investigado por los casos Interoceánica y Ecoteva. Fue al año siguiente que nuestro país inició el proceso de extradición de Toledo Manrique desde EE.UU., lo cual se ha concretado 6 años después.
¿Cuáles fueron los motivos determinantes para que la justicia norteamericana decidiera su extradición al Perú? La Procuradora Ad Hoc para el Caso Lava Jato, Silvana Carrión, en diálogo con RPP Noticias, resaltó dos aspectos resaltantes en la resolución del juez Thomas S. Hixson.
Presunto fraude a la justicia de EE.UU.
Según explicó Carrión Ordinola, en algunos recursos del Departamento de Justicia estadounidense se hacía alusión a un presunto fraude que habría cometido el expresidente contra el sistema de justicia de ese país.
En ese sentido, Alejandro Toledo habría declarado, en una etapa del proceso de extradición, "que no tenía dinero" para que EE.UU. le asignara un defensor público. Sin embargo, tiempo después, contrató uno de los estudios jurídicos más importantes de la capital estadounidense.
"Es un tema que se mencionó en algunos de los recursos que vimos que presentó el Departamento de Justicia de EE.UU. (...) Al inicio del proceso de extradición, (Toledo) tenía un abogado privado; luego señaló que no tenía dinero y el Gobierno le asignó un defensor público", indicó la procuradora.
"Al final, hemos visto que ha contratado uno de los estudios más importantes de Washington DC para este último recurso de la acción civil", agregó.
Esta conducta del expresidente Toledo habría sido inaceptable para la justicia norteamericana.
"Es algo que ha sido mencionado en los escritos por el Departamento de Justicia cuando ha hecho algunas de las alegaciones, evidenciando esta falta de lealtad, este fraude, esta falta de honestidad. Para ellos es sumamente importante este tipo de conductas y sí es algo que se ha resaltado", subrayó.
Otro aspecto decisivo en la resolución del juez Hixson, según la procuradora, fue la "carga probatoria" que logró presentar la justicia peruana para fundamentar la extradición.
"Lo otro que también ha sido importante - y que se ha analizado muchísimo en el proceso de extradición por parte del juez Hixon - es si había una causa probable y si había los elementos de evidencia, la carga probatoria, la calidad y la cantidad, para que finalmente se haga creíble a la justicia norteamericana que el señor Toledo tenía que venir a enfrentar un juicio acá", indicó.
"Eso fue claramente dilucidado por parte del Poder Judicial estadounidense", remarcó Carrión Ordinola.
¿Cuánto le costó al Perú el proceso de extradición?
La procuradora Silvana Carrión explicó que su institución contrató al estudio jurídico norteamericano Foley Hoag LLP en el 2019 en el marco de varios procesos de extradición por el Caso Lava Jato. Según dijo Carrión, el contrato fue por un aproximado de "un millón 200 mil dólares".
"El estudio Foley Hoag LLP fue contratado en el año 2019. Si más no recuerdo, en julio se firmó el contrato y el monto es de un millón 200 mil dólares, aproximadamente", indicó.
Asimismo, la procuradora indicó que dicho estudio jurídico cumplió un papel importante en la extradición del expresidente.
"Los procesos de extradición en cada país se tramitan de manera distinta. En EE.UU., cuando el país requiere la extradición de una persona, es el Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía americana, quien litiga y presenta este pedido de extradición al Poder Judicial. Son ellos los que diseñan la estrategia, los recursos y los escritos que se deben presentar", sostuvo.
"Lo que ha hecho el estudio es el monitoreo y el seguimiento. Por ejemplo, si hay una orden que ha salido de la corte, es el estudio quien nos informa de manera inmediata sobre esa orden, porque ellos tienen acceso al sistema de justicia. A ellos les llega esta información", agregó.
Carrión indicó también que el estudio norteamericano apoyó en explicar "cómo funciona la normativa interna americana".
"No es que el Departamento de Justicia nos va a explicar en cada paso. Pero eso sí lo hace el estudio para nosotros entender e informar de todos los procesos en EE.UU. El papel del estudio ha sido importante", indicó.
Además, indicó que hay otros cuatro procesos de extradición desde EE.UU. que aun están pendientes dentro del Caso Lava Jato.
"Tenemos la extradición solicitada de Gustavo Salazar Delgado, vinculado al caso Vía Evitamiento Cusco, donde tuvo intervención el exgobernador Jorge Acurio Tito. Luego se solicitó la extradición de Mariella Huerta Minaya que fue miembro del comité de adjudicación en el marco del proceso de la Línea 1 del Metro de Lima", enumeró.
"También incluye la extradición del señor Toledo por el caso Ecoteva y de su esposa, Eliane Karp. Entonces, lo que hay que explicar es que este monto ha sido contratado hasta lograr los objetivos de la extradición y vemos que han pasado 4 años y medio y se ha gastado 240 mil o 250 mil dólares al año, respecto a los servicios del estudio", señaló.
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