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por Redacción RPP
·La ex primera dama Lilia Paredes, actualmente asilada en México, es investigada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
Judiciales
Lilia Paredes afronta proceso por el caso Anguía
La suerte de Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, quedó en poder del juez Raúl Justiniano, quien este viernes 9 de junio decidirá si le impone o no 28 meses de prisión preventiva como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Anguía.
En una audiencia a realizarse desde las 4:00 p. m. en la sede del Poder Judicial, ubicada en la cuadra 7 de prolongación Tacna en el Cercado de Lima, el magistrado dará a conocer su veredicto frente al pedido que hizo el fiscal Jorge García Juárez para que se varíe el mandato de comparecencia simple que pesa sobre la esposa del exmandatario a fin de que se le imponga prisión preventiva.
Justiniano Romero también dará a conocerse el viernes 9 de junio su decisión respecto a similar pedido que hizo el representante del Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder en el caso de David y Walter Paredes Navarro, hermanos de Lilia Paredes, implicados en este caso.
El juez emitirá su veredicto tras haber terminado de escuchar este lunes 5 de junio los argumentos de las partes involucradas, entre ellas a la propia Lilia Paredes, que, desde México, donde se encuentra bajo asilo político, defendió su inocencia y restó validez al testimonio del empresario Hugo Espino Lucana, colaborador de la Fiscalía.
Lilia Paredes y sus hermanos David y Walter Paredes Navarro son investigados en el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
Acusación fiscal
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder atribuye a Lilia Paredes, sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, y otros ser parte de una presunta organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas que tenía como campo de acción los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas, donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.
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