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Caso Odebrecht: Poder Judicial rechazó apelación para imponer comparecencia con restricciones a Jorge Peñaranda Málaga

El empresario es investigado preliminarmente en el caso Odebrecht.
El empresario es investigado preliminarmente en el caso Odebrecht. | Fuente: AFP

El requerimiento fiscal fue desestimado por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, por lo que el empresario Jorge Peñaranda Málaga afrontará en libertad la investigación en su contra por el caso Odebrecht.

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El Poder Judicial rechazó la apelación presentada por el Ministerio Público para que se imponga comparecencia con restricciones al empresario Jorge Peñaranda Málaga como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el denominado caso ‘Odebrecht’.

Así lo determinó la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que declaró infundado el requerimiento de Fiscalía para dejar sin efecto un fallo de primera instancia que declaró infundado su pedido de comparecencia contra Peñaranda.

Ahora el empresario continuará afrontando en libertad y sin ninguna restricción la investigación en su contra.

Requerimiento fiscal

El Ministerio Público basó su pedido en la existencia de suficientes elementos de convicción a nivel de sospecha reveladora sobre el investigado, así como la existencia del peligro de fuga, al resaltar la existencia de una embarcación marítima que el imputado podría abordar para salir del país y la posibilidad de que pueda huir a Bielorrusia para eludir la justicia.

Sin embargo, la sala superior desestimó estos argumentos y señaló que el Ministerio Público no dio cuenta sobre nuevos elementos que indiquen un incremento en el peligro procesal de fuga y de obstaculización.

“Se requiere la sustentación de circunstancias objetivas que incremente el riesgo procesal, lo que en este caso no se ha dado”, precisa en su resolución el colegiado superior.

De acuerdo con la tesis fiscal, Jorge Peñaranda Málaga, como su padre Jorge Peñaranda Castañeda, habrían recibido y ocultado diversas sumas de dinero producto de transferencias hechas a nombre de dos empresas offshore, vinculadas al grupo Odebrecht, para el pago de coimas a políticos y funcionarios públicos de diferentes países, entre ellos Perú.


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