¿Qué sucederá luego del pedido de prisión preventiva contra los empresarios investigados?

Este lunes por la madrugada, el juez Richard Concepción Carhuancho aprobó el pedido de la Fiscalía para dictar 18 meses de prisión preventiva contra los cinco directivos de las empresas que se aliaron a la constructora Odebrecht para pagarle una coima de 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo, para que les licitaran la obra de la Carretera Interoceánica Sur. El empresario Gonzalo Ferraro, ex gerente corporativo de Desarrollo de Negocios de Graña y Montero, llevará el proceso bajo arresto domiciliario en una clínica local por encontrarse mal de salud.  

RPP Noticias consultó a cuatro especialistas en la materia judicial para que expliquen qué es lo que ocurrirá luego de que se diera el pedido de prisión preventiva contra José Graña Miró Quesada, ex presidente del directorio de la constructora Graña y Montero; Alejandro Graña Acuña, ex director de Graña y Montero; Fernando Camet Piccone, actual presidente ejecutivo de la Constructora JJC Contratistas Generales; y Fernando Castillo, actual director general de ICCGSA. 

Arresto inmediato

Los abogados Mario Amoretti, Julio Rodriguez, Luis Lamas Puccio, y César Nakasaki coinciden en que ni apenas se dé la medida de prisión preventiva, los investigados deberán presentarse voluntariamente a las autoridades judiciales, tal como ocurrió con el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama, Nadine Heredia. En caso no ocurra, la Policía estará atenta y así sea de madrugada, se les detendrá.   

La apelación no impedirá que se haga efectiva la medida cautelar propuesta por el juez Concepción Carhuancho. En el caso de aquellos empresarios que estén fuera del país, el magistrado ordenará la captura internacional de los mismos.

Si no aceptan la decisión

En caso la defensa de los empresarios considere que la orden del juez no es justa para sus patrocinados, entonces pueden apelar. Los abogados consultados por RPP Noticias explicaron que puede ser inmediato el pedido de apelación o se puede realizar dentro de las próximas 24 horas.  

La Sala Penal Nacional de Apelaciones evaluará el caso y podría llevarse a segunda instancia. La respuesta del Poder Judicial podría llegar dentro de un plazo de dos semanas, como mínimo hasta tres meses. Es decir, que posiblemente sea para final de este año o inicio del próximo si se continúa con la prisión preventiva o no.