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Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. | Fuente: Andina

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El presidente de la República interrumpió su viaje a Brasil para hacer frente a la crisis producida por la remoción de los fiscales encargados del caso Lava Jato. Para Vizcarra, la decisión anunciada por el Fiscal de la Nación no ofrece dudas: representa un obstáculo a la lucha contra la corrupción, definida como el objetivo principal de su gobierno. Por eso, Vizcarra convocó a un Consejo de Ministros extraordinario que aprobó un proyecto de ley que llevará personalmente al Congreso el día de hoy, a la 1 de la tarde.

El Proyecto declara en “emergencia durante nueve meses el Ministerio Público” y solicita al congreso aprobarlo con carácter de urgencia. Por si quedaran dudas sobre su determinación, Vizcarra precisó que su aprobación con carácter de urgencia evitaría que el gobierno someta la cuestión de confianza ante el Parlamento, lo que de facto podría llevar a una disolución constitucional del Congreso.

El mensaje de Vizcarra ha merecido el respaldo de cinco bancadas. Incluso el vocero de Fuerza Popular ha usado el tono sosegado y conciliador para asegurar que la bancada mayoritaria analizará como corresponde la iniciativa legislativa del gobierno. Carlos Tubino negó que Fuerza Popular se halle inquieta por la inminencia de las confesiones de ejecutivos brasileños, puesto que, según dijo, Keiko Fujimori no ha sido gobierno. No sabemos cómo tomará el APRA esa precisión de Tubino ni sabemos cuál es la posición oficial de ese partido. Por ahora sabemos lo que declaró anteayer Jorge del Castillo aprobando las decisiones de Pedro Chávarry: “Nadie es indispensable”.

Es cierto que se refería a los fiscales removidos, Rafael Vela  José Domingo Pérez, aunque hoy esa frase podría volverse precisamente contra el que decidió prescindir de fiscales de casos emblemáticos. Los fiscales revocados consideran que la decisión de Chávarry equivale a entregar la Fiscalía a Fuerza Popular, aunque hay juristas que la respaldan y sostienen que el presidente Vizcarra está usurpando atribuciones que no figuran en la Constitución. Esos juristas coinciden, en general, con un sector de la clase política ligada al APRA y al fujimorismo que venían pretendían caracterizando a Vizcarra como un dictador.

Junto a su iniciativa legislativa de declaratoria de emergencia, el gobierno ha encargado al ministro de Justicia una exhortación ante la Junta de Fiscales, con la esperanza de que este órgano revoque las decisiones tomadas por el Fiscal de la Nación. Recordemos que la Junta de Fiscales está compuesta por cinco Fiscales Supremos, de los cuales tres (entre ellos Chávarry) son objeto de graves denuncias. Además de esos tres, son también fiscales supremos el ex Fiscal de la Nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Y precisamente estos dos fiscales han publicado un documento en el que respaldan a sus colegas removidos y expresan su sentimiento de “vergüenza e indignación” ante la conducta del Fiscal de la Nación.

De manera que Chávarry habrá logrado precisamente lo que dijo lamentar en su discurso de la Noche de Año Nuevo: sobreexponerse mediáticamente, perturbar el normal desarrollo de la acción penal, desacreditar las instituciones, fragilizar la lucha contra la corrupción. Y todo esto en vísperas de diligencias decisivas en Brasil. Entre sus argumentos figuraba también uno particularmente absurdo: exigir que se publique el acuerdo de colaboración premiada con Odebrecht pese a saber que se trata de un documento judicial que contiene información reservada, incluyendo la identidad de colaboradores eficaces. Para justificar su despropósito Chávarry afirmó que 60% de los peruanos exigen esa publicación. ¿Se habrá preguntado el Fiscal Chávarry cuál es el porcentaje de peruanos que reclama su renuncia?

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