Keiko Fujimori se enfrenta a un pedido de 36 meses de prisión preventiva. | Fuente: Andina

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Este jueves, a partir de las 10:30, se retomará una audiencia judicial en la que no solo está en juego la libertad de Keiko Fujimori y otros dirigentes del principal partido de la oposición, Fuerza Popular. Lo que también está en juego es la capacidad de nuestras instituciones de proceder de acuerdo a derecho y evitar que las inclinaciones políticas prevalezcan sobre el juicio sereno e imparcial. Los resultados de este juicio marcarán un antes y un después en nuestra vida pública.

Desde ya, Fuerza Popular ha entrado en un proceso de reestructuración que implica un cambio de dirigentes y de actitud. El secretario general José Chlimper, candidato fujimorista a la vicepresidencia en el 2016, ha cedido su lugar al congresista Miguel Torres, quien se hallará a la cabeza de un Comité de Emergencia. Se debe esperar de Torres que encabece también un cambio de estrategia que priorice las reformas que, más allá de la actual coyuntura dramática, el país necesita para profundizar nuestra democracia, luchar eficazmente contra la corrupción y dinamizar nuestra economía.

Keiko Fujimori ha afirmado que los días de prisión que vivió la semana pasada la han conducido a proponer “un camino de reencuentro nacional y de paz, sin condiciones”. La audiencia es un momento crucial en el caso de corrupción más grave y complejo de nuestra historia moderna, porque ha puesto en evidencia una manera sistemáticamente corrupta de ejecutar las grandes inversiones del Estado, distorsionando gravemente las relaciones entre sucesivos gobiernos y grandes empresas constructoras.

Los argumentos del fiscal

El fiscal José Domingo Pérez se ha centrado hasta ahora en establecer los indicios de financiamiento ilegal de la campaña del 2011. Ha contado para eso, además de declaraciones de dirigentes de Odebrecht, con testimonios recientes de testigos protegidos. La Defensa le reclama que fundamente los indicios de riesgo procesal, que justifique el riesgo de que los imputados puedan huir del país u obstruir el desarrollo de las investigaciones.

Le reclaman también que aplique un criterio de proporcionalidad, habida cuenta de que la medida reclamada por la Fiscalía, 36 meses de prisión preventiva, es la más severa que corresponde en este estadio de la investigación fiscal. Sin embargo, está permitido dudar de la versión dada por Keiko Fujimori, al término de la jornada judicial de ayer: “Nuestra defensa ha destruido las mentiras del Fiscal”.

Los medios de comunicación tenemos como tarea dar cuenta de todo lo que es relevante en la vida pública de la manera más objetiva y desinteresada. Por eso, en la medida de lo posible, evitamos ser parte de la noticia. Pero en este caso, el Grupo RPP ha sido mencionado por el Fiscal, citando el testimonio del por entonces gerente general, Hugo Delgado Nachtigall, a propósito del pago en efectivo por parte de José Chlimper de la campaña publicitaria del 2011.

Los medios privados de comunicación vivimos de la publicidad, cuyo origen plural es la garantía de nuestra independencia. El Fiscal ha confirmado que el pago recibido fue, como corresponde, bancarizado y dio lugar a la correspondiente declaración a la SUNAT, junto a los demás ingresos de la empresa.

Alama en EE.UU.

Lo peor que puede pasarnos es que, de la misma manera que los reñidos resultados electorales del 2016, las decisiones de la justicia den lugar a un nuevo ciclo de denegaciones, enconos y rencores. Al revés, es una oportunidad para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones y restablecer la confianza de los ciudadanos.

Veamos si no lo que está pasando en la Democracia más antigua de América, Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha hecho un llamado para que cesen las informaciones falsas a propósito de cargas explosivas enviadas a personalidades del opositor Partido Demócrata. Parece paradójico que un presidente que ha hecho del insulto a los medios independientes un recurso de gobierno, descubra ahora que mentir no es bueno para nadie. Menos si lo que está en juego es la amenaza terrorista.

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