Columna | Seguimos sin ser capaces de unir voluntades en la lucha contra la corrupción

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Los días pasan y seguimos sin ser capaces de unir voluntades en la lucha contra la corrupción. Al revés, lejos de forjar acuerdos para hacer frente a la amenaza contra nuestra democracia, se acentúa la polarización entre el fujimorismo y el APRA por una parte, y el gobierno y las otras cinco bancadas del Congreso de la República, por otra. En el ojo de la tormenta persiste la figura del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y su negativa a dar un paso al costado mientras se lleven a cabo investigaciones fiscales y parlamentarias sobre su relación con la mafia que controlaba la Corte Superior del Callao.

Chávarry, pero también el Juez supremo César Hinostroza, el congresista Héctor Becerril y los removidos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deberán explicarse el lunes próximo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, única entidad facultada para levantar la inmunidad de que gozan las altas autoridades de nuestro Estado. Por lo pronto ya sabemos que la mayoría de las Fiscalías se negó a respaldar al Fiscal de la Nación. No sorprendi que una necuesta de Ipsos revele que el 70% de los peruanos crean que no hay avances en la lucha anticorrupción.

La esperanza del Acuerdo Nacional

¿Podemos esperar que el Acuerdo Nacional contribuya a desbloquear una situación que daña la acción del Estado y reduce la ya precaria confianza de la población? En cualquier caso, esta mañana se verán cara a cara en el Palacio de gobierno, el presidente Vizcarra, autoridades regionales y municipales, voceros de los partidos, líderes de los sindicatos, gremios empresariales, colegios profesionales, así como los dirigentes de la Conferencia Episcopal y del Concilio Evangélico.

Desde su creación en 2002, el Acuerdo Nacional ha tenido el mérito de favorecer el diálogo y orientarlo a la formulación de políticas públicas adoptadas por consenso. Será la primera vez desde el estallido de la actual crisis que las autoridades del Estado escuchen de viva voz las críticas y las propuestas de quienes encarnan las fuerzas sociales afectadas por las incertidumbres políticas y judiciales.

Venezuela y Argentina

Muy diferente es el tratamiento que se viene dando a la crisis migratoria causada por la catástrofe política venezolana. Catorce países americanos mantienen una reunión en Ecuador para buscar una respuesta regional al flujo incontrolable de migrantes que huyen del hambre y el autoritarismo. La Unión Europea ha ofrecido una contribución de 40 millones de euros para hacer frente a la acogida de cientos de miles de venezolanos que enfrentan dificultades para instalarse, alimentarse y trabajar.

Los expertos internacionales insisten en la necesidad de protección a una población expuesta a precariedades y prejuicios, atizados por políticos demagógicos y xenófobos. Un desafío que requiere organización y logística consiste en evitar que los migrantes se concentren en los mismos barrios, formando guetos que atraen la hostilidad de los vecinos. La OEA ha convocado una reunión este miércoles en Washington en la que se definirán políticas comunes. Pero resulta particularmente escandaloso que el gobierno de Nicolás Maduro continúe negando la gravedad de la situación vivida por sus ciudadanos y sostenga que se trata de una manipulación del imperialismo de Estados Unidos y sus aliados.

Por su parte, el presidente argentino, Mauricio Macri, ha pedido perdón a sus ciudadanos por no haber podido cumplir los ofrecimientos de su campaña y por imponer medidas de austeridad para resolver la grave crisis de endeudamiento y estabilidad monetaria. Macri ha solicitado un esfuerzo patriótico a los empresarios, obligados a asumir un impuesto excepcional a las exportaciones. Grecia es un ejemplo exitoso reciente de un país sometido a una grave cura de austeridad. La experiencia griega muestra que los sacrificios son aceptados solo cuando la población confía en que los esfuerzos son distribuidos con justicia y sin concesiones a la corrupción.

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