Los abogados penalistas Carlos Caro y Luciano López explicaron los delitos que se configuran en los denominados "kenjivideos".
La difusión de los kenjivideos ocasionó la renuncia del ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Las grabaciones realizadas por el fujimorista Moisés Mamani también tienen consecuencias penales para sus protagonistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Además de los mencionados Mercedes Aráoz y Carlos Bruce. Sobre los cinco, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, anunció un proceso de desafuero.
"Qué es lo que tú quieres: ¿obras para tu región, desarrollo, progreso?", pregunta Kenji Fujimori a Mamani en el video que revelaría la presunta compra de votos para evitar la vacancia de PPK. Los videos fueron presentados en una conferencia de prensa el pasado martes 20 y se escucha a los congresistas de la facción de Kenji Fujimori ofrecer obras a cambio de que Mamani vote en contra de la destitución del presidente.
Los abogados penalistas Luciano López y Carlos Caro concuerdan que Fujimori, Bocángel y Ramírez pueden ser procesados por el presunto delito de cohecho.
El precedente Kouri -Montesinos
Caro Coria sostuvo que el cohecho “sanciona el mero ofrecimiento de una dadiva a un funcionario para que realice o viole algo dentro de sus funciones”. El precedente más inmediato de este delito es el caso del excongresista Alberto Kouri Bumachar.
“Montesinos le ofrece y paga 10 mil dólares para cambiarse de bancada. La situación es exactamente igual. Aunque los congresistas son libres de sus elecciones políticas, no responden por sus votos, [pero] cuando los votos están motivados por un pago, una dádiva, eso adquiere un sentido delictivo porque como regla general, conforme la Constitución, lo público de la función no se puede encontrar en venta”, explicó en RPP Noticias.
El penalista dijo que la Fiscalía puede pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y “en paralelo”, el Congreso también podría solicitar de oficio el desafuero de los implicados. Según Caro, en este caso no se quiere el trámite “largo” de la acusación constitucional.
“No estamos hablando de delito de función, sino de delito común porque estos funcionarios no están actuando dentro del ámbito de su función, sino están actuando como un ciudadano más arrogándose funciones presupuestarias, arrogándose control sobre el gasto público, contactos en el ministerio de Economía, en el ministerio de Transportes, presuntamente”, sostuvo.
Mamani al filo del cohecho
Por su parte, el penalista Luciano López dijo que la Corte Suprema resolvió en un fallo del 2008 que el delito de cohecho también se puede consumar “por una promesa”. “Yo te puedo prometer que te voy a dar algo a consecuencia de que realices un acto de tu función. (…) Por ejemplo, prometerte una obra, como ha sucedido en este caso”, indicó en RPP Noticias.
El abogado sostuvo que el legislador Mamani debe exhibir a los fiscales los videos sin editar. También dijo que su dolo o falta de intención es lo que le “salva” del cohecho. “Evidentemente está pescando con fines políticos y no con fines lucrativos”.
“En la celada, él [Mamani] en parte para poder convencer a quienes lo estaban persuadiendo, ¿recibe algo? (…) Si en el transcurso de la ‘pesca’, recibe algo, entonces su cohecho se materializa”, señaló.
En el caso de Mercedes Aráoz y Carlos Bruce, López sostuvo que en una investigación se deberá determinar con base en testimonios o documentos “si ellos también estuvieron involucrados”. “Agregado al cohecho, habría que ver si hay asociación ilícita porque todo hubiese sido un plan criminal que era reclutar un conjunto de congresistas. Eso sería típicamente una asociación ilícita”, dijo.
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