Según Keiko Fujimori, existe un "riesgo muy grande" para la vida de su padre al "seguir en contacto con personal que todos los días llega desde la calle".
La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, quien permanece en prisión preventiva desde enero, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que pidió que las autoridades evalúen todas las alternativas legales que permitan que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, deje la prisión donde se encuentra recluido.
“No solo pido se interponga un hábeas corpus en favor de mi padre, sino que las autoridades evalúen toda alternativa legal que le permita dejar la prisión en la que se encuentra. Él está débil producto de las dolencias crónicas que padece y el seguir en contacto con personal que todos los días llega desde la calle es un riesgo muy grande para su vida”, se lee en su post publicado en Facebook.
Alberto Fujimori está recluido desde enero de este año en el penal de Barbadillo, luego de abandonar la clínica Centenario donde estuvo más de 100 días. Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos durante su gobierno entre 1990 y 2000. El indulto humanitario que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue revocado, luego de que la justicia determinara que hubo irregularidades.
“Ruego a todos considerar que esta situación es muy peligrosa para mi papá, más allá de cualquier consideración política. Él tiene 82 años y ya está preso por más de 12. Por favor, sugiero evaluar la situación de los adultos mayores recluidos en todos los penales”, sostuvo su hija Keiko Fujimori.
En su mensaje, la exparlamentaria también sostuvo que la preocupación por su padre aumenta, tras conocer que “hay reclusos y personal penitenciario que ha dado positivo y que algunos han fallecido.
“La angustia de pensar que el virus puede llegar o que ha llegado es enorme, pero aquí seguiremos colaborando y agradeciendo el esfuerzo y sacrificio del personal del INPE que está con nosotras en todo momento”, indicó.
En los últimos días se han registrado protestas de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes reclaman implementos de seguridad ante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
El ministro del sector Fernando Castañeda informó que el MEF ha trasferido 10 millones de soles al INPE para tratar la emergencia sanitaria. Ese monto se está invirtiendo, según el titular del Minjus, en la compra de mascarillas, desinfección de ambientes, compra de útiles de aseo y potenciamiento de los servicios de agua, desagüe y luz.
También dijo que se ha solicitado al Ministerio de Salud 13 000 pruebas rápidas y 500 pruebas rápidas a Essalud para los trabajadores y agentes penitenciarios.
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