De acuerdo con la defensa del expresidente, la Sala Penal Nacional resolverá el pedido en aproximadamente quince días.
La Sala Penal Nacional dejó al voto la decisión de aplicar o no el derecho de gracia concedido por el Gobierno a Alberto Fujimori en el caso de la matanza de Pativilca, cometida en 1992, durante su mandato (1990-2000). La decisión se conocerá en aproximadamente 15 días, según la defensa del expresidente, quien recibió esta gracia presidencial junto al indulto humanitario de parte de Pedro Pablo Kuczynski el pasado 24 de diciembre
La polémica se centra en desde cuándo se considera abierto el proceso judicial: desde febrero del 2017, cuando Chile aceptó la extradición del expresidente por este caso, o desde el 2012, cuando se presentó un auto de instrucción. Dependiendo de que decida la Sala sobre esto, se puede aplicar o no. El requisito es que hayan pasado 24 meses desde la apertura. Durante la audiencia, la abogada de las víctimas, Gloria Cano, apoyó la primera versión y el abogado de Fujimori, Miguel Pérez, la segunda.
Posiciones
“El plazo comienza desde que se abre instrucción o desde que se formula cargos de parte de la Fiscalía. En esas dos fechas estamos: el 15 de julio del 2012 o el 15 de noviembre del 2011", sostuvo Pérez. "Las víctimas no tienen derecho de sancionar, sino el Estado. Ellos tienen derecho a una reparación", agregó. También negó que Fujimori esté planeando irse del país. "Él me ha dicho que se va a quedar".
"Entiendo que como abogado de Fujimori, él pretende que no pase una sanción penal. Nosotros exigimos los derechos de la víctimas: conocimiento de la verdad y establecimiento de la responsabilidad de quienes participaron en la comisión del hecho", respondió Cano. "El plazo se inicia a partir de la resolución de la Corte Suprema de Chile", consideró. Si el derecho de gracia termina aplicándose, la abogada sostuvo que las víctimas podrán acudir a instancias internacionales.
El caso Pativilca
El 29 de enero de 1992, miembros del Grupo Colina ejecutaron a seis ciudadanos en Pativilca, en la provincia limeña de Barranca. En el 2007, un exmiembro de Colina dijo haber realizado una ‘operación’ en esa zona, a partir de lo que el caso salió a la luz. En el 2011, la Fiscalía denunció a Fujimori por el caso.
Según la acusación, el entonces Presidente tenía conocimiento de la matanza. Había una barrera: como fue extraditado de Chile, solo lo podían juzgar en el Perú por los crímenes que la Justicia de ese país aceptó. Sin embargo, en junio del 2012 se dictó el auto de procesamiento. Recién en febrero del 2017, la Corte Suprema de Chile aceptó la extradición de Fujimori por Pativilca.
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