La jueza suprema Elvira Álvarez Olazábal informó que la acción cuenta con apoyo unánime de la sala plena y fue acumulada con demandas de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y el Colegio de Abogados de Ayacucho.
El Tribunal Constitucional verá el próximo martes 25 de noviembre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Judicial contra la Ley 32330, que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.
La jueza suprema Elvira Álvarez Olazábal informó que la acción cuenta con apoyo unánime de la sala plena y fue acumulada con demandas de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y el Colegio de Abogados de Ayacucho.
Álvarez espera un fallo favorable y restituir la plena vigencia del sistema de justicia juvenil.
“Esperamos un desenlace favorable, no para nosotros, sino para desterrar esos propósitos de populismo punitivo y dar la oportunidad a que el sistema de justicia juvenil especializado realmente recobre plena vigencia”, remarcó.
Argumentos
Además, recordó que la norma cuestionada desconoce el principio de especial protección a la niñez, el interés superior del niño y la progresividad de derechos, así como de contravenir obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.
La magistrada sostuvo que la ley sustrae indebidamente a los adolescentes del sistema especializado y lo somete al proceso penal ordinario, pese a que requieren un tratamiento jurídico diferenciado.
Finalmente, informó también que la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes del 2017 sigue retrasada y que hoy existen 3 520 adolescentes en el sistema, 1 914 en régimen cerrado y 1 606 en libertad.
Sus declaraciones ocurrieron durante el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y el XIV Encuentro Nacional de Presidentes de Cortes Superiores de Justicia, realizada en Huaraz.
Ley 32330
La Ley 32330 fue aprobada -en segunda votación- por el Congreso de la República en mayo de este año, y posteriormente promulgada por el Ejecutivo.
En la ley se modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, declarando imputables penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan asesinato, extorsión, violación sexual, entre otros delitos graves.
Según información del INPE, al menos 71 menores de 16 y 17 años están recluidos junto a adultos, situación que advirtió genera estigmas y limita sus oportunidades futuras.
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