Pérez Gómez
El fiscal no acudió a la audiencia donde se iba a evaluar el pedido de excarcelación de Yoshiyama por riesgo de contagio de la COVID-19. | Fuente: Andina

El fiscal José Domingo Pérez Gómez consideró que el juez Roger Benites Burgos no respetó el aislamiento social obligatorio por la COVID-19, debido a que convocó para este viernes a una audiencia pública, con presencia física de las partes, para evaluar el pedido de excarcelación de Jaime Yoshiyama por riesgo de contagio de esta enfermedad en prisión.

En un oficio enviado al fiscal superior Rafael Vela, el integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato explicó las razones por las que no acudió a esa audiencia, que fue reprogramada para el próximo 22 de abril, y dijo que el juez “obliga a los ciudadanos (sujetos procesales, trabajadores de entidades de la administración de justicia y de la Policía) a acudir al local del juzgado”.

En esa línea, pidió al fiscal superior coordinador del Equipo Especial que “ponga en conocimiento de la Fiscalía correspondiente la conducta descrita en el presente informe en el que habría incurrido el juez Benites Burgos”. Además recordó que nuestra legislación recoge el delito de violación de medidas sanitarias que sanciona con pena privativa de la libertad no menor de 6 meses ni mayor de tres años con noventa a ciento ochenta días multa.

El fiscal recordó en su oficio que solicitó al juez Benites Burgos la nulidad de la convocatoria a esta audiencia por que afectaba el derecho constitucional a la salud y por no observar que podía reprogramarla utilizando las herramientas tecnológicas para una videoconferencia virtual tal y como lo estableció el Poder Judicial en su plan de prevención contra la COVID-19.

Al respecto, el fiscal Vela Barba también cursó un oficio al despacho de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el cual informa que, si bien la situación de Yoshiyama está resuelta a convocatoria a audiencia pública presencial hecha por el juez Benites Burgos, quebranta el estado de emergencia nacional con aislamiento social vulnerando gravemente la salud pública, situación que puede conllevar a una presunta infracción de carácter administrativo y/o penal del parte del magistrado.

Vela pidió también a la Fiscal de la Nación que solicite al Ministerio del Interior un informe sobre cuál es la situación real en la que se están ejecutando las recientes disposiciones judiciales donde se otorga arresto domiciliario a personas investigadas por los casos Odebrecht y Lava Jato.