Ricardo Cerro Sánchez, fiscal adjunto provincial titular de Piura, habría favorecido a procesado por homicidio; mientras que Carlos Alberto Vásquez Dioses, fiscal de Sullana, es acusado por presuntas presiones hacia otro juez.
El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dispuso autorizar el ejercicio de la acción penal contra dos fiscales de Piura y un juez Sullana, implicados en presuntos actos de corrupción. Medida comprende al fiscal provincial titular de Talara, César Palacios Poma, quien sería acusado por delito de cohecho pasivo propio; y al fiscal adjunto provincial titular de Piura, Ricardo Cerro Sánchez, quien habría favorecido a procesado por homicidio.
Hace algunas semanas, en un video difundido aparece el fiscal Palacios Poma junto al presunto cabecilla de la red criminal 'Los Ilegales' recibiendo varios billetes y coordinando sobre la defensa de una investigada por el delito de tráfico de drogas
Asimismo, a Cerro Sánchez, fiscal adjunto provincial titular del Segundo Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, se le observa recibiendo dinero del procesado Luis Alberto León.
El Ministerio Público también autorizó la acción penal por los delitos de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico contra el juez de Sullana, Carlos Alberto Vásquez Dioses, quien es acusado por presuntas presiones hacia otro juez para favorecer al exalcalde de Sullana Jaime Bardales Ruiz.
Vásquez Dioses fue acusado por el magistrado Carlos Lindo Yajamanco de "asediarlo" en su oficina y en su casa durante los días previos a la emisión del fallo por este caso emblemático con la finalidad de convencerlo que dicte pena suspendida contra Bardales. La solicitud no tuvo efecto porque Bardales fue condenando a 13 años de cárcel efectiva por los delitos de Colusión, documento privado falso y falsedad genérica.
La medida del Ministerio Público fue adoptada en el marco del estado de emergencia decretado en el distrito fiscal de Piura, luego de visita inopinada efectuada la semana pasada en esa zona del país ante denuncias sobre la existencia de una presunta red de corrupción.
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