Según el diario La República, el Ministerio Público sospecha de una organización destinada al lavado de activos a partir de documentos hallados en oficinas de Kuntur Wasi.
Las supuestas irregularidades en la concesión del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco) serán investigadas como un caso de crimen organizado. Según publicó este sábado el diario La República, la Fiscalía sospecha de la existencia de una organización estructura y de alcance internacional destinada al lavado de activos y a delitos contra el Estado. La investigación involucra al consorcio Kuntur Wasi y a funcionarios del Gobierno, entre ellos la ministra Fiorella Molinelli y funcionarios del Ministerio de Transportes.
El medio cita una resolución del pasado martes en la que el fiscal José Domingo Pérez, que también investiga a Keiko Fujimori y Alan García bajo la Ley de Crimen Organizado, sustenta su decisión en documentos encontrados en las oficinas de Kuntur Wasi y Proyecta & Construye en marzo de este año. Estos contradirían la versión de que el consorcio no tenía fondos para iniciar la obra, lo que motivó la firma de la cuestionada adenda al contrato con el Estado. También se hallaron, según la misma fuente, documentos que vinculan a funcionarios de la empresa con cuentas offshore en Islas Vírgenes y Gran Cayman, así como el Converse Bank SJSC de Armenia.
¿Contradicciones? Cuando obtuvo la concesión del aeropuerto de Chinchero, establece la Fiscalía de acuerdo con el diario, Kuntur Wasi ofertó US$ 264’758,697. Luego dijo no contar con suficientes fondos para iniciar la obra y logró que el Estado el firme una adenda y le dé US$ 40. “Se ha determinado la existencia de documentación que evidenciarían movimiento económicos inusuales a los antecedentes descritos (falta de fondos)”, dice el documento citado del Ministerio Público.
Siempre según la Fiscalía, los documentos incautados muestran que Kuntur Wasi recibió en el 2016, mediante préstamos, US$ 3.8 millones de Cedicor, Aeropuertos Andinos y Liska Investments Corp, offshore en las Islas Vírgenes. También se habrían hallado contratos en los que el consorcio se obligó a entregar, en 2014 y 2015, US$ 2’294.476.33 a Andino Investments, US$ 8’294,476 de Proyecta & Construye, US$ 371,320 a Proyecta & Construye y US$ 500 mil de Aeropuerto Andinos. Estos movimientos no cuadrarían con lo señalados en sus estados financieros del 2014 y 2015: utilidades de US$ 1.8 millón y perdidas de US$ 3’269,321, respectivamente.
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