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por Julio Cisneros
·La audiencia en la que se evaluará el requerimiento fiscal se realizará el próximo 20 de mayo desde las 8:30 de la mañana. La Fiscalía también solicitó una medida similar contra exasesor Pier Figari, Maribel Ramírez, Nancy Ramírez y otras cinco personas que se encuentran comprendidas dentro de esta investigación.
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene el impedimento de salida del país por 36 meses contra el alcalde de Cajamarca y exsecretario General del partido Fuerza Popular, Joaquin Ramírez, investigado por el presunto delito de lavado de activos en agravio del estado.
La Fiscalía contra el Lavado de Activos abocada al caso también solicitó similar medida contra el exasesor Pier Figari, Maribel Ramírez, Nancy Ramírez y otras cinco personas que se encuentran comprendidas dentro de esta investigación.
Este pedido fiscal fue remitido al despacho del juez Víctor Zúñiga Urday quien programó para el 20 de mayo a las 08:30 de la mañana la audiencia en la que evaluará dicho requerimiento la cual se realizará de manera “presencial” en la sede de la Corte Superior Nacional ubicada en la cuadra 07 de Prolongación Tacna en el cercado de Lima.
En la resolución de programación de esta audiencia presencial, el juez Zúñiga Urday precisó que su despacho se abocará a conocer y resolver este requerimiento de impedimento de salida del país planteado por el Ministerio Público a pesar de que se encuentre pendiente el pronunciamiento de fondo por parte de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional respecto a las recusaciones presentadas en su contra para que no intervenga en este caso.
Las recusaciones fueron planteadas por las defensas técnica de Universidad Alas Peruanas y Harold Víctor Morales Rojas por tratarse de un requerimiento que restringe la libertad ambulatoria de los investigados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 59 y 52 del Código Procesal Penal.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Joaquin Ramírez, estaría involucrado en diversos financiamientos de empresas con dinero de presunta procedencia ilícita e incluso en campañas políticas.
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