Gustavo Gutiérrez Ticse consideró que jueces que admitieron amparos contra el Congreso actuaron inconstitucionalmente

Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), se pronunció este jueves respecto de la sentencia a favor del Congreso por las demandas competenciales que presentaron contra el Poder Judicial y señaló que hay jueces que habrían actuado inconstitucionalmente al permitir amparos que iban en contra de las competencias del Legislativo.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, Gutiérrez Ticse indicó que el TC es el máximo intérprete de la Constitución y que al presentarse estas demandas no se debió proceder con ninguno de los amparos que entre otros procesos no permitieron al Congreso seguir con la designación del defensor del Pueblo o las reformas de la Sunedu.

“Sorprende que se continúen tramitando medidas cautelares o amparos, cuando es un tema que ya estaba a conocimiento del TC, por eso es que la parte final de la sentencia, la parte resolutiva se traslada la sentencia a la Junta Nacional de Justicia, porque consideramos que lo mínimo que hay es un acto inconstitucional de los jueces y potencialmente puede encontrar ahí alguna irregularidad”, señaló.

Cuestionamientos 

Asimismo, el magistrado manifestó que el Poder Judicial solo puede pronunciarse sobre actos del Congreso cuando exista una afectación a los derechos fundamentales. Sin embargo, indicó que en el caso de los procedimientos ya mencionados no hubo esta vulneración.

En esa línea, explicó que, en el caso de la elección del defensor del Pueblo se ha cuestionado la forma adoptada por el Parlamento para realizar este proceso.

Añadió que otra hubiera sido la situación si es que se presentaba el caso de marginación a alguno de los candidatos, pues ahí sí podría considerarse una afectación al derecho.

Sobre Sunedu

Respecto del caso de la Sunedu, Gutiérrez Ticse dijo que el cuestionamiento ha sido realizado a un proyecto de ley, lo cual consideró como “gravísimo”, pues se pretende paralizar una iniciativa legislativa bajo la posibilidad de una “potencial amenaza”.

“En el caso de Sunedu, el cuestionamiento ha sido a un proyecto de ley, o sea eso ya es gravísimo que se pretenda paralizar una iniciativa legislativa porque se considera que hay una potencial amenaza, cuando se rige en nuestro país un modelo de presunción de validez de la ley”, dijo.

“Esto llama a la anarquía y esto no lo podemos permitir porque si así se van a cuestionar los actos del Parlamento, en consecuencia, cuando se llamen actos del Parlamento que pretenda establecer algún momento por los delitos de disturbios o de violencia, etc., también va a poder ser cuestionado porque va a pretenderse decir que hay una amenaza”, añadió.