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Jamer López, presidente de ORAU, indicó que la sentencia en segunda instancia por el crimen de 4 líderes indígenas en 2014 abre "un camino de esperanza" en casos similares. Además, alertó que los condenados estarían huyendo de la justicia.
El 1 de septiembre de 2014, los líderes indígenas Edwin Chota, Francisco Pinedo, Leoncio Quintisima y Jorge Ríos, miembros de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, fueron emboscados y asesinados tras recibir una serie de amenazas por denunciar la tala ilegal en sus tierras ubicadas cerca de la frontera con Brasil, en la región Ucayali.
Ayer, lunes, más de una década después de los crímenes, el caso parece haber llegado a un punto final, luego de que la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificara, en segunda instancia, la sentencia de 28 años y tres meses de prisión efectiva contra cuatro de las cinco personas acusadas de los asesinatos.
Al respecto, Jamer López, presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), en diálogo con RPP, dio cuenta del largo camino que emprendió su comunidad para la búsqueda de justicia en este caso y lo que significa esta sentencia que, para él, se constituye como la apertura de "un camino de esperanza" ante el asesinato impune de líderes indígenas, cuya cifra asciende a 36 desde el 2013, según datos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
"Esta ratificación de la sentencia marca no solamente un buen paso hacia la búsqueda de justicia, también marca que desde los pueblos indígenas amazónicos, de tantos líderes indígenas asesinados solo por cuidar el territorio ancestral, para nosotros abre también todo un camino de esperanza de que estos muchos casos que están atrás del caso Saweto puedan también tener esperanza de lograr la justicia", apuntó.
El proceso "ha sido todo un martirio de sufrimiento"
Si la sentencia representa un hito en la búsqueda de justicia, esta es agridulce para el apu López Agustín, ya que el proceso tuvo momentos en que se llegó a perder la esperanza.
"Para nosotros ha sido todo un martirio de sufrimiento porque este caso, en un primer momento, fue llevado todo a fojas cero. Sin embargo, luego se repuso y nuevamente se prosiguió con el proceso mismo. Son largos 11 años de persistencia, de resistencia también, y creo que, sobre todo, los familiares han logrado esto. Pero no solamente representa la lucha o la resistencia de cuatro lideresas, que son los familiares directos de cada líder asesinado, sino representa la lucha de todo el colectivo de los pueblos indígenas que estamos asentados desde la Amazonía peruana", enfatizó.
"Por eso, esta sentencia va a marcar una jurisdicción a nivel nacional en el Perú y por eso también hacer este paso, este logro, ha sido un trabajo duro. Inclusive ya habíamos perdido la esperanza […] Finalmente, después de 11 años, es justicia o es impunidad", acotó.
Cabe recordar que, en febrero de 2023, el Poder Judicial impuso 28 años y tres meses de cárcel efectiva contra los responsables del crimen y el pago de S/200 000 por concepto de reparación civil en favor de los deudos. Sin embargo, 6 meses después, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró nula la condena alegando una supuesta “deficiente investigación fiscal”.
En noviembre de 2023, comenzó un nuevo juicio que culminó en abril de 2024 con una sentencia en primera instancia contra los empresarios madereros José Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, en calidad de autores mediatos; y contra los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, acusados de coautores de los crímenes.
El fallo fue ratificado ayer por los magistrados Robín Barreda Rojas, Marco Santa Cruz Urbina y Jonatan Basagoitia Cárdenas, quienes impusieron 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra los responsables y el pago de S/400 mil por concepto de reparación civil, "que los condenados deberán pagar en forma solidaria a razón de S/100 mil a cada familia de las víctimas", según informó el Poder Judicial.
Poder Judicial ratifica condena de 28 años y tres meses de cárcel contra los acusados del homicidio de cuatro líderes nativos de la comunidad selvática de Tamaya-Saweto, ocurrido en septiembre del 2014. pic.twitter.com/vBByjjYu0Y
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 26, 2025
¿Dónde están los sentenciados?
Tras dar lectura a la sentencia, el tribunal dispuso la inmediata ubicación y captura de los sentenciados. Pero, ¿dónde están ellos? El apu Jamer López alertó que estos habrían huído a Brasil.
"Queremos enfatizar que ahorita necesitamos la actuación de la Policía Nacional del Perú y todas las fuerzas militares [para] la urgente detención de estos asesinos. Nosotros tenemos información que han estado ya huyendo, pero nosotros, los pueblos indígenas, siempre hemos mantenido esta conexión con Brasil. No solamente la conexión es desde la lengua, sino también es cultural, es territorial", señaló.
"Por eso es importante este caso, [que] marca no solamente la importancia de cuidar los territorios fronterizos, sino también la importancia de buscar la justicia y sobre todo el derecho a la vida que todos los ciudadanos indígenas o no tenemos aquí en Perú", remarcó.
Otro aspecto que alertó López Agustín es que los dirigentes amazónicos viven en constante asedio de economías criminales como la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico, pero que también sus territorios son amenazados por concesiones forestales legales.
"Nosotros somos conscientes de que en el territorio, en la Amazonía, no solamente las acciones legales o ilegales son las que siempre están a la vanguardia, sobre todo metiendo presión y promueven, no solamente la deforestación, sino también la siembra de monocultivos como hoja de coca. Y esto tiene toda una cadena de donde proviene. Lamentablemente, tenemos nuestros territorios bajo esta presión y hemos estado también advirtiendo de que la superposición de estos territorios ancestrales siempre va a marcar la vida de los dirigentes, la vida de los jefes de comunidades en estas zonas de comunidades amazónicas bajo la amenaza de la presencia no solamente de empresas legales e ilegales, como las concesiones forestales", indicó.
"No solamente los pueblos indígenas están bajo esta vulnerabilidad, sino también los bosques, los ríos, que cada vez están más secos. Hay presencia de minería ilegal, hay presencia de narcotráfico, del crimen organizado, y por eso nosotros podemos decir que los territorios indígenas, los territorios ancestrales, vivimos en un, digamos, narco territorio. Entonces, esto es una especie de presión, no solamente territorial, sino también desde los derechos humanos que nosotros vemos. Por eso sabemos que todas estas actividades ilegales son las fuentes de tantas muertes y tantos derrames de sangre como lo estamos ahora viendo el caso Saweto", agregó.
En esa línea, el presidente de ORAU enfatizó que tienen el registro de "casi más de 120 líderes actualmente bajo amenaza, bajo hostigamiento".
"Esta cifra va a seguir aumentando hasta que el Estado no tome las acciones pertinentes. Por eso es que siempre los líderes indígenas, desde las organizaciones indígenas como ORAU, siempre venimos visibilizando, siempre venimos denunciando. Actualmente el caso Flor de Ucayali, que es un caso muy latente ahorita lo que está ocurriendo, pero sin embargo creemos que lo que se ha logrado con el caso Saweto sí marca un camino a la búsqueda de lograr esta justicia que todos estamos buscando aquí en la Amazonía, en la selva profunda", puntualizó.
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