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Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva para el gobernador regional de Áncash

El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo.
El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo. | Fuente: Andina

El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, es acusado de haber favorecido a la empresa Quimera SAC con la adjudicación, en pleno estado de emergencia, del proyecto de construcción y equipamiento del ambiente covid-19 en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.

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Prisión preventiva por nueve meses para el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, dictaminó esta noche el juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia con sede en Huaraz, Derby Quezada Blanco.

El magistrado consideró que se cumplen los requisitos estipulados en la norma procesal para dictar la medida coercitiva en contra de Morillo Ulloa, tal y como lo había solicitado el Ministerio Público.

Señaló que la Fiscalía ha cumplido con presentar en su requerimiento de prisión preventiva los graves y fundados elementos de convicción: peligro de obstaculización a las acciones de la justicia y que la pena por el delito investigado supera los 4 años de cárcel efectiva.

“Este órgano jurisdiccional concluye que existe un alto peligro de fuga”, expresó el magistrado al tiempo de precisar que a su entender la defensa de Morillo no ha podido probar que la autoridad tenga arraigo domiciliario ni familiar.

DOS DÍAS DE AUDIENCIAS

Durante la lectura de su veredicto, tras dos días de maratónicas audiencias, el juez hizo mención de los resultados de los informes periciales y contables que presentó la Fiscalía como elemento de convicción y que abren la sospecha de presuntas irregularidades en el proyecto de construcción y equipamiento del ambiente COVID-19 en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.

Morillo, junto con sus funcionarios, son acusados de haber favorecido a la empresa Quimera SAC con la adjudicación de este proyecto que se hizo en pleno estado de emergencia por el nuevo coronavirus.

Además, la investigación fiscal ha recabado información administrativa, informes de la Contraloría, así como otros elementos.

En estos momentos, el juez Quezada Blanco sigue dando lectura a su resolución, en la que dará a conocer su decisión respecto a las otras ocho personas comprendidas en el pedido de prisión preventiva.

(Andina)

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