Kenji Fujimori apeló fallo que le impone comparecencia restringida e impedimento de salida del país por 18 meses

El excongresista Kenji Fujimori apeló la resolución judicial que le impone mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 18 meses como parte de proceso penal que se le sigue por las negociaciones realizadas para evitar que proceda el segundo pedido de vacancia en el cargo del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynki. 

A través de su defensa legal, el hijo del exmandatario Alberto Fujimori mostró su disconformidad con la decisión del juez Supremo Hugo Núñez Julca, quien le impuso ambas medidas solicitadas por el Ministerio Público, así como también el pago de 50 mil soles por concepto de caución o garantía dentro de este proceso penal.

Similar medida adoptaron los abogados de los excongresistas, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel luego que el magistrado Núñez Julca también les impusiera a ellos mandatos de comparecencia con restricciones e impedimentos de salida del país por 18 meses, así como el pago de una caución de 50 mil soles.

En su resolución, Núñez Julca considero que las medidas adoptadas por su despacho son idóneas y necesarias para asegurar los fines del proceso al tomar en cuenta los elementos de convicción que presentó la Fiscalía respecto a cada uno de los procesados, que en caso de ser hallados responsables la pena a imponerles supera los 3 años de prisión, y también para evitar el peligro procesal de fuga y de la obstaculización de la actividad probatoria.

Núñez Julca informó a los abogados de los implicados que sus apelaciones deben ser fundamentadas por escrito dentro del plazo de ley bajo apercibimiento o advertencia de ser declaradas improcedentes en caso de no hacerlo.

El Fiscal Supremo Adjunto, Alcides Chinchay solicitó 12 años de prisión para Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel así como 11 años de cárcel para Bienvenido Ramirez tras acusarlos, según cada caso, por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravada en perjuicio del estado, caso conocido como 'Mamanivideos'.