En entrevista con RPP Noticias, la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato consideró que el Poder Judicial debe desestimar el recurso que presentó la empresa Lamsac para que se revoque el reajuste del peaje de la Línea Amarilla de S/ 5.70 a S/ 5.20.
La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, justificó la reducción de 50 céntimos en la tarifa del peaje en la concesión de la Línea Amarilla (de 5.20 soles a 5.70 soles), medida que ha sido apelada por la empresa Lima Expresa, antes Lamsac, la cual busca que en la audiencia que se realizará este lunes 25 se deje sin efecto este monto.
En entrevista con RPP Noticias, Carrión recordó que el Poder Judicial ya había sentenciado a Domingo Arzubialde, funcionario de la Municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán por haber aplicado de manera ilegal el reajuste del peaje, "lo cual hacía que a la fecha los ciudadanos vengan pagando 5.70".
"El Poder Judicial determinó que hubo un interés indebido, un favorecimiento de parte del funcionario a favor de la empresa al haber reajustado, no como decía el contrato, la tarifa, sino haberlo aplicado de manera distinta conforme se lo había propuesto en su momento", explicó.
Asimismo, señaló que, con la finalidad de que cesen las consecuencias de este delito por el cual Domingo Arzubialde se encuentra actualmente preso, la procuradora ad hoc solicitó que se redujera la tarifa del peaje en 50 céntimos, como correspondía, "para que cesen los efectos de este delito".
"Nosotros el lunes (audiencia) vamos a mantener nuestra posición de cara a que la decisión judicial de primera instancia se mantenga y pueda mantenerse la reducción de los 50 céntimos que impacta directamente en el ciudadano. El año pasado los ciudadanos han podido pagar 50 céntimos menos gracias a esta medida", precisó.
Reparación civil en casos Lava Jato
Días atrás Carrión también destacó el embargo de bienes y activos de investigados y empresas durante el año 2020 por un valor de más de S/ 180 millones que tienen por objetivo asegurar el eventual pago de la reparación civil que deberán realizar los investigados a favor del Estado.
En entrevista con RPP Noticias, la procuradora precisó que este monto se suma a los S/ 850 millones en embargos que han sido inscritos en registros públicos para asegurar el eventual pago de la reparación civil que deberán realizar los investigados a favor del Estado.
La procuradora recordó que, de acuerdo con estimaciones presentadas al interior de los procesos del caso Lava Jato, su equipo ha solicitado alrededor de 6 mil millones de soles como monto preliminar de reparación civil en 15 casos penales durante el 2020. Agregó que esto, sumado a lo trabajado en años anteriores, hacen un total de 14 mil millones de sones solicitados como monto preliminar de reparación civil de las investigaciones abiertas.
"Vemos que los acuerdos de colaboración eficaz no solamente sirven para los temas penales, sino también para los temas patrimoniales de recuperación a favor del Estado y tenemos a la fecha 4 ya aprobados y la reparación civil que se ha cobrado hasta el momento, que son 104 millones de soles por estos cuatro acuerdos, es la reparación civil probablemente más alta cobrada por temas de corrupción en el histórico de nuestro país. Es un instrumento eficaz para las investigaciones y para la recuperación patrimonial del Estado", resaltó.
Asimismo, reconoció que la pandemia por la COVID-19 afectó el trabajo del sector público; sin embargo, destacó que, pese a esto, se logró cobrar S/ 24 millones por concepto de reparación civil por 3 acuerdos de colaboración eficaz en el marco del caso Lava Jato: Odebrecht, Josef Maiman y José Francisco Zaragoza.
La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato agregó que a estos se suma otra de una persona natural cuya identidad no ha sido levantada. Con ello, destacó, al día de hoy el Estado ha cobrado más de S/ 104 millones en total.
Actualmente, los abogados de la Procuraduría vienen negociando el pago de reparaciones civiles en 6 acuerdos de colaboración eficaz: 3 con empresas (entre ellas Aenza, antes Graña & Montero) y 3 con personas naturales. Asimismo, la Fiscalía les ha brindado acceso a otros 11 procesos de colaboración que se encuentran en etapa de corroboración.
"Tenemos tres procesos de colaboración de empresas, una de ella es Graña & Montero, y tenemos otras dos que mantienen la reserva de su identidad con la cual hemos iniciado el proceso de negociación de la reparación civil. Con dos estamos bastante avanzados en llegar a un número de la reparación civil", detalló.
La defensora del Estado también resaltó que han presentado ante la Fiscalía 17 solicitudes para que se amplíe la investigación sobre nuevos hechos ilícitos en 15 casos penales. Asimismo, indicó que los abogados del equipo que dirige han asistido a más de 1,300 diligencias virtuales y presenciales.
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