Estado peruano cobró 22 millones de soles por segunda cuota de reparación civil de la empresa Odebrecht

La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato informó que el Estado peruano recibió el pago 22 millones de soles por concepto de la segunda cuota de reparación civil de la empresa Odebrecht de acuerdo con el cronograma de cuotas anuales establecido en el Acuerdo de Colaboración Eficaz que suscribió la referida compañía con el Equipo Especial del Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc.

Con la segunda cuota y los 80 millones de soles que Odebrecht pagó en el 2019 por la primera cuota, el Estado peruano ha cobrado a la fecha S/ 102 millones por concepto de reparación civil de parte de la compañía brasileña.

El Acuerdo de Colaboración Eficaz estableció que la empresa Odebrecht debía indemnizar al Estado peruano con S/. 760 millones por cuatro proyectos (S/ 610 millones más S/ 150 millones de intereses legales aproximadamente). Los proyectos son: Carretera Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3; Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 1 y 2; Vía de Evitamiento del Cusco y Vía Costa Verde, Tramo Callao.

Cambio de nombre no afecta el Acuerdo

La Procuraduría ad hoc también aseguró que, en caso de que la empresa Odebrecht cambie de nombre o de razón social, ello no afectará la ejecución del Acuerdo ni las obligaciones de carácter penal y civil que tiene la compañía.

Según precisaron, el Acuerdo contiene cláusulas que señalan que, en caso de venta, fusión o transformación de la empresa colaboradora, las obligaciones de esta con las autoridades peruanas se mantienen.

"El Acuerdo de Colaboración Eficaz con la empresa Odebrecht es uno de los instrumentos jurídicos más importantes que tiene hoy el Estado peruano en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado", señalaron.

Asimismo, indicaron que el convenio no solo facilita la obtención de información y pruebas sobre los casos vinculados a las cuatro obras en las que Odebrecht ha reconocido culpabilidad, sino también permite la recepción de información y evidencia en más de 30 casos que actualmente viene investigando el Ministerio Público. Asimismo, deja abierta la posibilidad de que haya reconocimiento de culpabilidad en otros proyectos, con lo cual también aumentaría la reparación civil en favor del Estado.

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