La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, la acusa de haber obligado a dos exasesores de su despacho congresal a entregarle, indebidamente, 50% de sus haberes y otros beneficios laborales, como condición para renovar sus contratos y no despedirlos, entre el 2016 y 2018.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la exlegisladora del Fuerza Popular, Lizbeth Robles, como presunta autora de los delitos concusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.
Según el documento fiscal al que tuvo acceso RPP Noticias, la titular del Ministerio Público acusa a Robles Uribe de haber obligado a dos asesores de su despacho, José Félix Altez Rodríguez y Sara Grimelda Milla Abarca, a entregarle indebidamente el 50 por ciento de sus haberes y otros beneficios remunerativos como condición para renovar sus contratos y no despedirlos entre los años 2016 y 2018.
"Las versiones de José Félix Altez Rodríguez y Sara Grimelda Milla Abarca coinciden en señalar que luego de negarse a pagar lo acordado con Edward Rojas Rugel, la denunciada Lizbeth Robles Uribe inmediatamente los citaba a su despacho para comunicarles su intención de prescindir de sus servicios, circunstancia que es indicio de su intervención en el recorte salarial indebido, más aún si ella permitió que su pareja sentimental (conviviente) se encargue de seleccionar a su personal de confianza, además de permitirle otras atribuciones que son propias de la función congresal", se lee en el documento.
La fiscal de la Nación también imputa a la exparlamentaria fujimorista de haber intervenido directamente en la contratación de Hernán Rojas Rugel, hermano de su entonces conviviente Edward Roger Rojas Rugel, como asesor I de su despacho. Al respecto, en la denuncia se señala que se infringió la ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en casos de parentesco.
Esta denuncia constitucional fue remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para que se proceda con el trámite respectivo.
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