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Fiscal Puma: OAS habría aportado a la campaña de Castañeda para beneficiarse con obras en su gestión

Luis Castañeda, exalcalde de Lima y fundador del partido Solidaridad Nacional.
Luis Castañeda, exalcalde de Lima y fundador del partido Solidaridad Nacional. | Fuente: Foto: Congreso

El fiscal Carlos Puma Quispe amplió, de 8 a 36 meses, su pedido de impedimento de salida del país para el exalcalde de Lima. Jueza María Álvarez Camacho indicó que la resolución de la solicitud fiscal se hará en el plazo de ley.

El fiscal Carlos Puma Quispe, a cargo de la investigación preliminar que se le sigue al exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio por los contratos con la empresa OAS durante su gestión, señaló que la constructora brasilera habría realizado aportes económicos a su campaña de reelección para asegurar los contratos que tenía con la gestión anterior de Susana Villarán y para favorecerse con posteriores obras que llevaría a cabo la administración entrante.

Durante la audiencia en la que sustentó su pedido de 36 meses (inicialmente fueron ocho) de impedimento de salida del país para la exautoridad edil, el representante del Ministerio Público señaló que su investigación en base a las declaraciones de colabores eficaces permiten establecer que Castañeda Lossio estaría involucrado en delitos de cohecho y lavado de activos.

Según la tesis fiscal, este dinero -por un monto que todavía está en fase de corroboración según el fiscal Puma- sirvió para que no se cuestione el acta de trato directo y para que Lamsac -y detrás de ella OAS- sea favorecida por la gestión entrante para la construcción del bypass 28 de julio y otras posibles obras que programaría la Municipalidad de Lima.

Puma Quispe reveló que el colaborador eficaz 130-2019 -un ejecutivo de la empresa OAS- ha reconocido que el acuerdo tenía como objetivo que se destrabe cualquier tipo de "obstáculo administrativo" en la Municipalidad de Lima. Según este colaborador, el funcionario municipal que estuvo implicado le indicó a José Adelmário Pinheiro Filho, expresidente de la constructora brasilera, que debía asegurar que la gestión que reemplazaría a la de Susana Villarán "no se traiga abajo" el acta de trato directo que iban a firmar.

¿Cómo se hizo efectiva la entrega del dinero?

Según la tesis que maneja el Ministerio Púbico, el expresidente de OAS José Adelmário Pinheiro Filho -conocido como Leo Pinheiro- buscó a Giselle Zegarra Flores -cercana a Luis Castañeda- como nexo con el entonces candidato a la reelección para contratarla como consultora en asuntos público-privado entre setiembre del 2014 y enero del 2015.

Según el colaborador eficaz, Leo Pinheiro logró comunicarse "en más de una comunicación" con Luis Castañeda para ofrecerle aportes para su campaña de reelección, lo cual pudo concertar más adelante. Otro colaborador eficaz (101-2019) indicó que el ejecutivo Leonardo Fracassi (director de obras de OAS en Perú) habría ejecutado esa orden para entregar 220 mil dólares a Martín Bustamante, quien posteriormente fue asesor de la Municipalidad de Lima.

Tras su elección como alcalde, Luis Castañeda nombra -en una de sus primeras acciones- a Jaime Villafuerte Quiroz como gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima. Esta área, a su vez, contrató como consultora a Giselle Zegarra, un día después del término de su vínculo laboral con OAS.

"El objeto de este contrato era ver si había la posibilidad de sustituir la construcción del proyecto Río Verde por el bypass 28 de julio y la empresa consultora Zegarra Consultores, cuya representante legal es Giselle Zegarra, da sus opiniones en ese sentido", relató el fiscal. De esta manera se logra firmar la adenda N°1 al contrato de fideicomiso de la Línea Amarilla para sustituir la construcción del Parque Río Verde por el bypass 28 de Julio y la plaza nueva.

Seguidamente se firma de la adenda N°2 al contrato de concesión, el 2 de octubre del 2015, entre Bruno Lucchetti Rodríguez, como representante de la Municipalidad de Lima, y la empresa Lamsac, en donde se otorga la construcción de algunas obras, como el puente Bella Unión, a OAS pese a que estas estaba previstas ser construidas con presupuesto público.

"Lo relevante para la investigación penal es que desde el 2014 los directivos de OAS purgan prisión en Brasil producto de la investigación Lava Jato. No se puede entender la razonabilidad de que la Municipalidad de Lima haya permitido la venta de estas acciones que permitían garantizar cualquier tipo de inconveniente que podían suscitarse posteriormente", señaló el fiscal.

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