Marco Falconí: ¿Por qué es cuestionada su elección como miembro de la Junta Nacional de Justicia?

Marco Tulio Falconí Picardo quedó en el cuarto lugar del concurso público para la selección de los siete miembros de la flamante Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, una serie de cuestionamientos a su elección hacen que su futuro como miembro sea incierto. Su juramentación fue suspendida por la Comisión Especial, que lo entrevistará el miércoles para que dé sus descargos. 

El antecedente público más conocido de Falconí es haber sido congresista de la República en el periodo 2011-2016 en representación de la región Arequipa por Perú Posible. Fue la única elección popular de las ocho en las que participó (entre elecciones congresales, regionales y municipales) en que resultó ganador.

Falconí tiene el grado de magíster y doctor por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, de donde él egresó como abogado.

Sobre Falconí Picardo recaen tres cuestionamientos puntuales: no haber informado que tiene un registro de llamadas telefónicas con el defenestrado juez César Hinostroza, haber recibido una bonificación en el concurso y supuestas acusaciones de plagio.

1. Llamadas telefónicas con Hinostroza

La semana pasada el diario El Comercio informó que Falconí Picardo tiene hasta 18 registros de llamadas con el exjuez César Hinostroza en el 2015 y 2017. Según detalló el medio, el registro consta en los expedientes del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

De acuerdo con la información difundida, el celular de Hinostroza registra 7 llamadas entrantes de Marco Falconí y otras 11 llamadas de salida.

En entrevista con RPP, el excongresista ha reconocido que habló con el juez en el 2017 por la presentación de su libro sobre el secreto bancario. Según su versión, luego de que el abogado Pedro Angulo no pudiera participar en la presentación de su libro, le pidió al entonces magistrado que sea su reemplazo.

"El Colegio de Abogado de Lima me dice que hable con el doctor César Hinostroza y él dice que puede hacer la presentación del libro. Yo hablo con él cuatro o cinco veces, pero el día de la presentación del libro, él llegó tarde, 30 o 40 minutos. […] Lo llamo y le digo 'doctor le estamos esperando' y me dice que llega en 10 minutos que ‘el tráfico está complicado’", contó.

“Del 2015 yo desconozco [las llamadas]. No recuerdo haber hablado con él, porque no tenía ninguna relación. Yo entablo relación con él a raíz de la presentación del libro, porque lamentablemente el doctor Angulo se excusó. Si no, no hubiera habido ninguna llamada”, añadió. 

2. Bonificación del 10%

Falconí estudió en el colegio militar Francisco Bolognesi, en Arequipa, entre 1973 y 1975. La Ley 29248 señala que existe un beneficio del 10% en concursos para puestos de trabajo en la administración pública para los que hayan prestado servicio militar. Estos son: militar acuartelado, servicio militar no acuartelado y otras modalidades del servicio militar no acuartelado, así como la denominación de licenciado.

Falconí declaró en el concurso que debía acceder a ese beneficio por haber sido egresado del colegio militar de donde obtuvo un certificado del Ministerio de Defensa que acredita haber realizado el servicio militar. Afirma tener la condición de licenciado de las FF.AA.

En entrevista con RPP, Falconí dijo que cuando estuvo en el Colegio Militar Francisco Bolognesi estaba vigente el Decreto Ley 20788 que establecía que los que terminaban sus estudios en esa institución eran considerados licenciados y miembros del servicio activo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, añadió que la Ley N° 29248 cambió esta situación, pero que al no ser retroactiva no debería afectar la condición que adquirió al egresar del colegio militar en 1975.

"Este es un tema técnico, lamentablemente muchas personas opinan y no saben y no conocen este régimen especial", indicó Marco Falconí.

"¿Quién va a saber más? ¿Los que estudiamos en el Colegio Militar y fuimos formados en el colegio durante tres años o de repente una persona que opina desde afuera y que no ha prestado servicio militar? Evidentemente este es un tema que la comisión ha resuelto correctamente y para mí este tema está resuelto", añadió.

La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez explicó que se estableció la bonificación en la ley 29248 para “incentivar que los chicos y las chicas se enrolen en el servicio militar voluntario”.

“A muchas personas nos parece que pedir esa bonificación ya dice mucho del señor Falconí, que ha postulado a cualquier cargo público que se les pueda ocurrir: al Congreso, a ser gobernador regional cuatro veces, inclusive queriendo renunciar a su condición de congresista para postular a ello”, aseguró.

Para el abogado constitucionalista Javier de Belaunde, la bonificación que se le otorgó a Falconí fue irregular.

“Es irregular, porque acá se ha hecho una confusión. El tema no es que sea licenciado. La ley de servicio militar dice que les corresponde a los licenciados. Además, dice, en el artículo 57, que se excluye a quienes han egresado de colegios militares. Entonces, se puede ser licenciado de Fuerzas Armadas, pero al haber salido de colegio militar no tener derecho a la bonificación", explicó.

3. Acusaciones de supuesto plagio

Walter Albán, director ejecutivo de Proética, acusó a Marco Falconí de plagios en la tesis que presentó para optar el grado de magister en derecho constitucional.

Según indicó, los autores presuntamente plagiados por Falconí son Francisco Eguiguren, Enrique Bernales, Patricia Canales, Huber Alcaráz, Juan Morales Godo, Lucrecio Revollo, Antonio Pérez Loño, Alfredo Echevarría, María Jose de Asaustre  y Violeta Rodríguez.

"Plagia literalmente siete páginas de la tesis de Eguiguren", señaló Albán.

El abogado constitucionalista Joseph Campos opinó que una autoridad competente debe establecer si hubo o no un plagio. En ese sentido, recordó el caso de César Acuña, que fue acusado de plagio durante la campaña electoral del 2016. La justicia española archivó la investigación por la presunta comisión de delito contra la propiedad intelectual por haber prescrito.

La Universidad Complutense de Madrid encargó una investigación en el 2016 a una comisión de cuatro expertos, cada uno de los cuales emitió un informe con conclusiones divididas. Ojo Público informó que dos especialistas encontraron indicios de malas prácticas, mientras que los otros dos abonaron a favor de Acuña. Estos informes fueron tomados en cuenta por la Comisión Jurídica Asesora (CJA) que resolvió no anular la tesis doctoral de Acuña.