El exmandatario Martín Vizcarra había pedido autorización judicial para viajar a la ciudad de Moquegua a fin de estar presente en la toma de declaración fiscal que se le realizará en relación con el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de peculado agravado.
El Poder Judicial rechazó la solicitud que hizo el expresidente Martín Vizcarra para viajar a Moquegua desde el 11 hasta el 13 de junio a fin de rendir su declaración en una investigación fiscal que se le sigue por el presunto delito de peculado agravado en esta región del sur del país.
La jueza Margarita Salcedo adoptó esta medida al declarar fundada la oposición que presentó el Equipo Especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato respecto al requerimiento del exmandatario para trasladarse a la ciudad del sureste del país y asistir, de manera presencial, a una diligencia programada para el 12 de junio del presente año.
La magistrada consideró que no existe una circunstancia excepcional y de urgencia que justifique este permiso de viaje, más aún cuando la misma autoridad fiscal de Moquegua brinda expresamente la posibilidad de que esta diligencia y la presentación de documentos pueda realizarse de manera virtual o remota.
“La herramienta tecnológica de Google Meets facilita dicha diligencia, en virtud del principio de economía procesal, el cual coadyuva al aseguramiento procesal del investigado, puesto que el objetivo de dicha actuación es, en esencia, brindar una declaración y ser oído, lo cual se pueda realizar vía remota, sin la necesidad de trasladarse físicamente hasta la ciudad de Moquegua”, precisó la jueza en una resolución a la que tuvo acceso RPP.
La tesis fiscal
El expresidente Martín Vizcarra afronta un proceso penal en nuestra capital por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como gobernador de Moquegua, bajo mandato de comparecencia con restricciones sujeto a reglas de conducta, entre ellas la prohibición de salir del lugar donde reside en Lima Metropolitana sin autorización judicial.
El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que imponga al exmandatario la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado a raíz de los casos proyecto Lomas de Ilo y Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua.
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