En entrevista con RPP, el fiscal de la Nación interno, Juan Carlos Villena, informó que dispuso no formular denuncia constitucional contra el expresidente Martin Vizcarra, quien era investigado por la presunta adquisición irregular de 1 millón 400 mil pruebas rápidas durante la pandemia de la COVID-19.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, confirmó este lunes que ha dispuesto archivar y no formular denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros por la presunta compra irregular de pruebas rápidas contra la COVID-19.
"Por lo menos, en lo que tenemos de la investigación, no tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle", sostuvo en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.
Villena indicó que fue el Instituto Nacional de Salud (INS) quien recomendó la compra de los productos y reiteró que, luego de todas las diligencias, no hubo pruebas para constatar el delito de colusión.
"Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que hayan indicios de que haya habido justamente eso: un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas y no se han hallado indicios suficientes de que haya habido esto (corrupción). El INS es quien recomienda la adquisición (de pruebas rápidas)", manifestó.
Villena recordó que Martín Vizcarra aún cuenta con procesos pendientes en el Ministerio Público y esas denuncias aún están en investigación.
"Tenemos investigaciones, no solamente referentes al Covid, sino a su gestión en el Ministerio de Transportes", puntualizó.
Congreso aprobó la denuncia
El pasado 9 de febrero, el Pleno del Congreso aprobó el informe final que recomienda formular acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras María Antonieta Alva y Elizabeth Hinostroza por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas.
Las conclusiones del informe final, aprobado previamente en la comisión de Fiscalización, señalan que en marzo del 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza; y la exministra de Economía, María Antonieta Alva, se reunieron con diversos representantes del sector salud y empresas privadas a fin de "concertar la adquisición de pruebas serológicas" contrario a laspolíticas de salud vigentes que reconocían el uso de pruebas moleculares para detectar la COVID-19.
Además, el documento señalaba que Vizcarra y las exministras sabían que las pruebas serológicas "no cumplían los estándares requeridos" para diagnosticar con certeza si una persona había contraido el coronavirus.
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