El abogado penalista Andy Carrión señaló que Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, "tendría que ser expulsado a nuestro país o al país por el que intentó ingresar, que es México".
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"Resulta contradictorio que quiera colaborar con la justicia peruana y que, por otro lado, interponga un recurso dilatorio", dijo Carrión
El abogado penalista Andy Carrión señaló que la medida cautelar presentada por la defensa de Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, tiene como única finalidad dilatar el procedimiento por el que podría ser traído a nuestro país.
"Como precedente, tenemos el ingreso irregular de Alejandro Sánchez Sánchez a Estados Unidos y luego un pedido de asilo que no ha sido atendido por la justicia norteamericana. Cuando un pedido no es atendido, lo que procede es la expulsión. Tendría que ser expulsado bien a nuestro país o al país por el que intentó ingresar, que es México", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.
"Resulta contradictorio que quiera colaborar con la justicia peruana y que, por otro lado, interponga un recurso dilatorio. Esa es la única finalidad. Si no ha sido aceptado su pedido de asilo, es lógico que sea inminente la expulsión a nuestro país. Y la medida interpuesta tiene una única finalidad: dilatar este procedimiento", manifestó.
"Es vital la participación de nuestro país, ya que no estamos frente a un proceso de extradición en rigor. Un proceso de extradición implica la participación de los fiscales norteamericanos, la decisión de un juez y finalmente la decisión del Ejecutivo. En este caso, al ser un procedimiento de expulsión, tendrían que habilitarse más bien los procedimientos más céleres de cara a tenerlo en nuestro país", agregó.
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Alejandro Sánchez podría enfrentar 35 años de prisión
En otro momento, Carrión mencionó que Alejandro Sánchez podría enfrentar 35 años de prisión, aunque no se descarta que se someta a un proceso de colaboración eficaz.
"Alejandro Sánchez se encuentra investigado por tres delitos: organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias, en el marco de una organización criminal que lideraría, según la hipótesis fiscal, el expresidente Pedro Castillo", señaló.
"Estamos hablando de tres delitos muy graves que pueden llegar a 15 años, en el caso de organización criminal, del mismo modo en colusión agravada, y ocho años en caso de tráfico de influencias. Sumados, podrían traspasar los 35 años de prisión, que es el máximo (...). Pero no podría descartarse que, una vez en nuestro país, se someta a un proceso de colaboración eficaz", finalizó.
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