La esposa del expresidente Ollanta Humala cuestionó que el juez no haya entregado las actas de audiencias pasadas porque estas no han sido "confeccionadas" y que pese a esto, no fue aceptado su pedido para suspender audiencia.
La exprimera dama Nadine Heredia denunció que se encuentra en una situación de "indefensión luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho no le entregara las actas de las audiencias pasadas porque estas no habían sido "confeccionadas".
Según expuso en su cuenta de Twitter, al no tener los documentos solicitó la suspensión de la audiencia de control de acusación en su contra y la de su esposo hasta que estos sean entregados "para ejercer una correcta defensa", pero el pedido fue denegado.
"Parece ser que la única regla clara que tiene el juez Concepción Carhuancho en este proceso, más allá de cualquier código, reglamento o acuerdo plenario, es la de jugar en pared con la Fiscalía", señaló luego de recordar que el acta de una audiencia tiene prioridad sobre el registro audiovisual.
Busca apartarlo del proceso
En julio de este año la Primera Sala Penal Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado declaró infundada la recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho presentada por la defensa del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, a fin de apartar al magistrado del proceso.
Ello como parte del proceso por que se sigue a la pareja por el presunto delito de lavado de activos, por los presuntos aportes irregulares en las campañas electorales de 20O6 y 2011.
La solicitud de recusación fue presentada por el abogado del exmandatario, quien señaló que "anteriores decisiones arbitrarias", como la prisión preventiva e incautación de hogar de los Humala-Heredia, y "recientes hechos notorios" ponían en cuestión la "falta de imparcialidad" del magistrado
Humala y Heredia son investigados por recibir fondos ilícitos del gobierno de Venezuela para la campaña del 2006 y de Odebrecht para la del 2011. La Fiscalía solicitó 20 y 26 años de prisión, respectivamente, por el presunto delito de lavado de activos.
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