RPP Noticias consultó con dos analistas sobre las estrategias que la Fiscalía y la Procuraduría podrían llevar a cabo luego de que la constructora brasileña demandara al Perú por el proyecto Gasoducto Sur Peruano.
¿Qué opciones tiene el Estado peruano para responder a la demanda de 1,200 millones de dólares que presentó Odebrecht por el proyecto del Gasoducto Sur Peruano? RPP Noticias consultó con dos analistas las estrategias que la Fiscalía y la Procuraduría podrían llevar a cabo.
Tanto el abogado penalista Carlos Caro como el exprocurador anticorrupción César Azabache estiman que, si bien no se conocen públicamente los términos del acuerdo de colaboración eficaz entre la empresa y el Ministerio Público, lo más probable es que Odebrecht no haya aceptado haber cometido actos de corrupción el Gasoducto Sur.
Si lo hubiese hecho, dice Caro, la empresa no podría haber demandado al Perú. Ya que aceptar responsabilidad penal en el acuerdo implica “renunciar a iniciar acciones legales tanto de parte del Estado como de la empresa”.
Primer escenario: Aceptar culpabilidad
“Odebrecht ha jugado un fino ajedrez: aceptar responsabilidades en determinados proyectos… Nunca aceptaron corrupción pública en el caso Gasoducto, siempre dijo que eran pagos a particulares o privados, pero no aceptó pagos a funcionarios”, dice el penalista.
Por ello, contrario a la versión del fiscal Rafael Vela -que señaló que existe una declaración de culpabilidad- la empresa tendría el derecho de demandar al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), coinciden los especialistas.
En ese sentido, Azabache considera acertado que el Ministerio Público exija a Odebrecht que reconozca su responsabilidad penal en el proyecto. “Si Odebrecht lo hiciera, la demanda quedaría neutralizada”, agregó.
Judiciales
El exprocurador anticorrupción César Azabache: "El daño que esta discusión genera es enorme".
Segundo escenario: Audiencia ante juez que aprobó el acuerdo
Ahora bien, en el caso de que Odebrecht no acepte su culpabilidad, la Fiscalía debe tener otra estrategia bajo la manga, dice el exprocurador. Algo que el Estado peruano podría alegar es “mal comportamiento procesal” de parte de la empresa al no “revelar que estaba preparando una demanda”.
El fiscal Vela ha solicitado a la empresa entregar el contenido de la demanda presentada. Si la constructora no entrega esta información, “la Procuraduría podría solicitar una audiencia ante la jueza que aprobó el acuerdo [de colaboración] para denunciar que Odebrecht no fue transparente”, explica Azabache.
En este escenario, continúa, la Procuraduría podría negociar a favor del Estado un nuevo monto de reparación civil, así como acortar el plazo para este pago y la renuncia por parte de la empresa a iniciar cualquier cuestión cautelar.
Escenario tres: La demanda procede en el CIADI
El tercer escenario es que la demanda proceda en el CIADI. Azabache explica que la empresa ha anunciado a esta instancia internacional su deseo de demandar al Perú y ha solicitado la conformación de un tribunal arbitral. Elegir a los árbitros -estima- podría tomar entre seis y ocho meses.
Ahora, si bien este tipo de demandas generalmente las pierde la empresa -dice el exprocurador- el proceso puede durar alrededor de cuatro años. “Mientras tanto, el daño que esta discusión genera internamente es enorme, es corrosivo”, remarca.
Caro coincide: toda esta situación “no le conviene a ninguna de las dos partes, ni al Estado ni a la empresa”. Por ello, recomienda que ambas partes se sienten a la mesa y “lleguen a un punto de inflexión porque no es dable tener como colaborador a quien se está demandando internacionalmente”.
Azabache remata: “Mi apuesta es que Odebrecht responda a la carta del Ministerio Público [aceptando su responsabilidad penal en el proyecto] o una audiencia ante el juez que recupere el equilibrio con una renuncia a esta pretensión [de llevar a cabo la demanda]”.
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