Fiscal formalizó investigación a PPK, Sepúlveda y exministros por la IIRSA Sur: las claves del caso

El fiscal José Domingo Pérez dispuso formalizar y continuar por el plazo máximo de 36 meses su investigación preparatoria contra 31 personas vinculadas a la concesión a Odebrecht de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur). En este grupo de investigados por el presunto delito de colusión están el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), exministros del gobierno de Alejandro Toledo, como Fernando Zavala y Fernando Olivera, y el empresario chileno Gerardo Sepúveda, para quien se ha pedido impedimento de salida del país.

De acuerdo con la disposición fiscal, a la que tuvo acceso RPP Noticias, el Equipo Especial Lava Jato le imputa a PPK ser el supuesto autor del delito de colusión agravada por “haber presuntamente defraudado al Estado concertándose con los representantes de la empresa Odebrecht y asociadas, así como con funcionarios públicos para favorecerla en el proceso de la concesión” de este megaproyecto. Las imputaciones contra los otros exministros, en sus calidades de integrantes del Consejo Directivo de Proinversión, son similares.

1. “Su propio acuerdo colusorio con Jorge Barata”

La concesión de la IIRSA Sur también es investigada por la Fiscalía en otro caso: el de los presuntos sobornos de Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo por al menos US$ 20 millones, indagaciones que están por finalizar y por las que el expresidente actualmente cumple arresto domiciliario en Estados Unidos. En esta otra investigación, la Fiscalía sostiene que PPK no solo “habría tomado conocimiento del acuerdo colusorio” entre Toledo y Odebrecht, sino que “habría efectuado su propio acuerdo colusorio con Jorge Barata” -el exjefe de la constructora en Perú- para que la empresa brasileña se adjudique esta obra.

Entre los hechos que se recogen está la reunión del 3 de diciembre del 2004 en la que, según el Ministerio Público, PPK citó a los integrantes del Consejo Directivo de Proinversión –en su calidad de presidente de dicho consejo- a una sesión no presencial coordinada por teléfono en las instalaciones de esta entidad. Allí se firmó el acuerdo que entregó la IIRSA Sur en concesión al sector privado, acto que para el fiscal “se efectúo de manera apresurada y sin el menor análisis técnico por la dimensión y alcances que debería tener el proyecto”.

También está la sesión del Consejo de Proinversión del 22 de diciembre del 2004 en Palacio, donde estuvieron PPK y Alejandro Toledo. Allí se aprobó el plan de promoción de la inversión privada para la concesión de la IIRSA Sur y “se habría tomado la decisión de exonerar” la obra de los procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Público (SNIP). Además, se cita una alerta de Contraloría que fue desestimada por Proinversión con base en un informe atribuido al abogado Juan Monroy, posteriores hallazgos del mismo organismo público sobre presuntas irregularidades relacionadas al megaproyecto y decretos firmados por Kuczynski en su rol como ministro.

En suma, el documento sostiene que PPK instruyó al Comité Especial de Proinversión a que continúe con la firma de los contratos de concesión de los tramos 2, 3, 4 de la Interoceánica, a pesar de “las irregularidades que había reportado la Contraloría” y “sin hacer una debida evaluación o exigir que esta se realice”. “Los actos ocurridos reúnen una serie de irregularidades e inconsistencias que ha ocasionado que la ejecución de este proyecto genere perjuicios patrimoniales al Estado”, resume el fiscal José Domingo Pérez en su disposición.

2. PPK, Sepúlveda y el contrato con Westfield

La investigación también alcanza a Gerardo Sepúlveda, empresario chileno señalado como exsocio de PPK, y se refiere a los negocios entre Odebrecht y Westfield Capital, empresa unipersonal de Kuczynski. Odebrecht firmó un contrato de asesoría financiera con Westfield, el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Credibolsa S.A.B. para que realicen una “evaluación financiera del proyecto IIRSA Sur”. La Fiscalía dice que el acuerdo es del 1 de abril del 2005 y “fue suscrito por Gerardo Sepúlveda” como representante de Westfield por asesorías financieras,  a pesar de que “no consta ningún mandato o poder otorgado” a este de parte de la empresa de PPK.

El Ministerio Público indica luego que el acuerdo entre Odebrecht  y Westfield tenía una cláusula que condicionaba la segunda parte del servicio y el pago de una comisión por US$ 100 mil “a la adjudicación de la buena pro”. Es decir, este pago dependía de que el Gobierno le otorgue la concesión de la obra a la empresa brasileña. Cabe recordar que por entonces PPK, el dueño de Westfield, seguía siendo ministro de Economía y presidente del Consejo Directivo de Proinversión.

En su resolución, la Fiscalía apunta que el nombre de Westfield Capital no apareció en la propuesta técnica de estructuracion financiera de la obra que se entregó a Proinversión, ente cuyo presidente de directorio era PPK. Esto, agregan, evidenciaría “la intención de Kuczynski Godard de no aparecer en estos actos públicos (…) no obstante, su participación e incidencia directa la tendría en su condición de Presidente del Consejo Directivo de Proinversión”.

3, “Estrechar vínculos” con PPK

Por todo esto, la Fiscalía cree que hay “elementos que hacen presumir que este contrato solo tuvo como propósito estrechar vínculos” con el propio PPK, ya que “el objetivo de Odebrecht era contratar a Westfield Capital”. Esto, continúa el documento, “garantizaba que las utilidades percibidas por esta empresa [Westfield] lleguen a manos de su único titular, Pedro Pablo Kuczynski”. “Si no fuera así, [Odebrecht] pudo haber contratado directamente con Gerardo Sepúlveda Quezada, quien manejaba directamente First Capital”. First Capital es una empresa que también hacía asesorías financieras y que era propiedad del empresario chileno.

Para el Ministerio Público también “existen elementos que reflejarían las coordinaciones y contacto existente entre Jorge Barata y Pedro Pablo Kuczynski.” Aquí se dan cuenta de las reuniones entre ambos en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en mayo del 2005. Cuando PPK pasó a ser presidente del Consejo de Ministros meses después, Gerardo Sepúlveda lo visitaba en su nuevo despacho, lo que para Fiscalía “refleja la cercanía de ambas personas y hace cuestionable la figura de que el entonces ministros de Economía desconocía los trabajos que realizaba el gestor de Westfield”.

A Gerardo Sepúlveda en particular, la Fiscalía le imputa haber sido cómplice del delito de colusión entre Odebrecht y los funcionarios peruanos investigados. La resolución agrega que el empresario chileno “facilitó” la presunta concertación entre Jorge Barata y PPK “ya que sus funciones habrían sido delegadas por el propio Kuczynski Godard”. Este fin de semana, el fiscal José Domingo Pérez pidió a un juez 36 meses de impedimento de salida del país contra Sepúlveda como parte la formalización de esta investigación en su contra y a solicitud de la Procuraduría del caso Lava Jato.

4. Olivera y Zavala entre exministros implicados

Entre los 31 investigados por este caso figuran, además de Pedro Pablo Kuczynski, otros nueve exministros del Gobierno de Alejandro Toledo: Carlos Ferrero Costa, Fernando Olivera, Fernando Zavala, José Javier Ortiz Riera, Alfonso Felipe Velásquez Tuesta, José Manuel Rodríguez Cuadros, Glodomiro Sánchez Mejía, David Lemor Bezdin, Martín Javier Sota Nadal. También está René Cornejo, por su rol como director ejecutivo de Proinversión, quien luego fue ministro de Vivienda (2011-14) y presidente del Consejo de Ministros (2014) durante el gobierno de Ollanta Humala.

Fernando Zavala fue viceministro de Economía (2002-05) y ministro de Economía de Alejandro Toledo (2005-06), además de presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de PPK (2016-17).  La Fiscalía también le imputa haberse coludido con Odebrecht al considerar que “tenía pleno conocimiento de los actos denunciados” y que “desarrollaba actos con intensidad en coordinación” con Toledo, quien buscaba que se cumpla lo presuntamente pactado con Jorge Barata y beneficiarse “con el pago de los 35 millones de dólares” de Odebrecht. Para esto se citan, entre otras cosas, declaraciones del propio Barata.

Adicionalmente, el Ministerio Público sostiene que cuando Fernando Zavala fue nombrado ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Toledo necesitaba a “alguien de confianza” en esta cartera para que se sigan dando las condiciones necesarias para que el acuerdo entre el entonces presidente y Odebrecht “siga dando sus frutos”. Ya en este puesto, agrega el fiscal, Zavala “desplegó actos a fin de brindar mejores condiciones económicas para que Odebrecht y sus consorciadas puedan realizar la ejecución de la obra”.

En el caso de Fernando Olivera, este fue un aliado de Alejandro Toledo durante la mayor parte de su gobierno, en el cual ocupó los cargos de ministro de Justicia (2001-02), embajador en España (2002-05) y ministro de Relaciones Exteriores (2005). Igual que PPK y Fernando Zavala, el fiscal José Domingo Pérez le imputa el delito de colusión agravada en calidad de cómplice al “haber presuntamente defraudado al Estado concertándose con los representantes de la empresa Odebrecht y asociadas”.

El fiscal Pérez Gómez sostiene que Fernando Olivera “realizó gestiones para levantar las observaciones que presentó la Contraloría durante el control previo” de la obra, con el objetivo de que se “proceda a la firma de los contratos de las empresas” que ganaron la concesión la Interoceánica: Odebrecht y sus consorciadas peruanas. Se le atribuye que, a pedido de  Alejandro Toledo, “habría realizado actos ajenos” a su cargo como embajador para viajar al Perú y realizar estas “gestiones” en respuesta a lo observado por la Contraloría.