Odebrecht | La cifra fijada en la reparación civil es "la más alta en la historia republicana del país"

Jorge Ramírez, procurador ad hoc del Caso Lava Jato, destacó la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, suscrito el viernes en la sede del consulado peruano en Sao Paulo.

“Una vez que este acuerdo sea aprobado por un juez, las pruebas y los dichos van a poder ser usados por el Ministerio Público para sustentar su teoría de los casos. En otras palabras, están coincidiendo las pruebas necesarias para futuras condenas penales contra altos funcionarios del Estado”, dijo en Enfoque de los Sábados.

Ramírez Ramírez destacó, en este sentido, que Perú, después de Brasil, es el país de la región que más ha avanzado con las investigaciones del caso Lava Jato, a diferencia de casos como México y Colombia en los que -dijo- “las investigaciones no han prosperado”.

“Ya hay una serie de investigaciones preparatorias y preliminares abiertas contra funcionarios públicos gracias a la información y a las pruebas aportadas por Odebrecht”, resaltó.

“La empresa también tenía que tener las seguridades de que este acuerdo se iba a respetar y el acuerdo se ha cerrado el día de ayer. Es un acuerdo de colaboración eficaz que tiene una característica progresiva”.

Según el procurador, el acuerdo “no queda ahí”, sino que “se están asegurando las pruebas que ya dio Odebrecht hasta el momento, pero van a seguir futuras pruebas e informaciones”.

“Si reconoce responsabilidad o hay pruebas sobre otros proyectos no reconocidos hasta la fecha, la reparación civil se va a recalcular, y se va a poder sancionar a los responsables en el caso de que más adelante Odebrecht aporte información”.

La reparación civil

Sobre la reparación civil que debe pagar Odebrecht (610 millones de soles), criticada por un sector político, el procurador resaltó que es el monto fijado “más alto en la historia republicana del país” por delitos de corrupción.

Además, sostuvo que el monto fijado es resultado de “fórmulas de un cálculo que se ha hecho en base a un reglamento”.

Sin embargo, adelantó que la diferencia respecto al perjuicio económico que ocasionó la empresa extranjera, calculado en 1250 millones de soles, “la Procuraduría pretende cobrárselo a las demás empresas y personas naturales involucradas en estos hechos”.