Ministra Alva: "El CIADI no dejará pasar por alto los hechos de corrupción de Odebrecht"

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, se mostró optimista en que el Gobierno peruano obtenga un resultado favorable en la demanda que ha interpuesto Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el proyecto Gasoducto del Sur.

"Una vez que Odebrecht ha tomado esta ruta, nos vamos a defender enérgicamente. Tenemos la plena confianza de la solidez de nuestros argumentos, creemos que el CIADI no dejará pasar por alto los hechos de corrupción que la empresa está envuelta", dijo en TV Perú.

Tal como lo hizo días atrás el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, la ministra destacó que anteriormente el Estado peruano ha salido airoso en demandas que han interpuesto otras empresas. En ese sentido, reiteró su confianza en obtener un resultado favorable a los intereses del país.

"Tenemos una trayectoria exitosa en este tipo de controversias, que se respalda con el manejo responsable que tomamos en estos casos. Quiero trasladar a la ciudadanía la confianza que vamos a defender enérgicamente los intereses de los peruanos”, afirmó.

Estado peruano se defenderá

Días atrás, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que el Estado peruano ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias. Esto, luego de que una subsidiaria de Odebrecht S.A demandara al Estado peruano.

Precisamente, Odebrecht presentó su solicitud de arbitraje exigiendo más de US$ 1 200 millones de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Sin embargo, a través de un comunicado, el MEF sostuvo que el Estado es respetuoso de sus compromisos, tanto contractuales como internacionales. Como se sabe, la constructora brasilera argumenta, entre otras cosas, que el 24 de enero de 2017 el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del GSP.