Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: Foto: PCM

El presidente del Consejo de Ministros calificó como "equivocada" la decisión de la constructora brasileña Odebrecht de interponer una demanda ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, CIADI, contra el Estado peruano por el Gasoducto Sur Peruano, un proyecto de más de 7,000 millones de dólares que se encuentra paralizado hace más de cuatro años.

En conferencia de prensa, recordó, tal como ha dicho el fiscal Rafael Vela, que la empresa Graña & Montero, una de las consorciadas de Odebrecht, ya asumió responsabilidad por el Gasoducto del Sur. Asimismo, mencionó que las investigaciones vigentes "están poniendo en manifiesto con evidencias concretas graves hechos de corrupción".

"Resulta irónico poder compartir que, a pesar de estos hechos que tienen evidencias manifiestas, con carga probatoria suficiente, y con responsabilidades asumidas y reconocidas, tenga todavía, con el perdón de la expresión, la frescura de acudir a un arbitraje", señaló.

Luego de reconocer que tomó esta noticia con "extrañeza", el también exministro de Justicia pidió "no pasar por alto" que Odebrecht está sujeta a un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía y la Procuraduría. De igual modo, mencionó que la formalización de esta demanda ante el CIADI del Banco Mundial se da luego de que la empresa formalizara, en mayo del 2017, una solicitud de trato directo que no prosperó.

Zeballos también informó que el Estado peruano todavía no ha sido notificado sobre esta demanda internacional; sin embargo, dijo que por los medios periodísticos ha podido identificar que la demanda asciende a la suma de 1,200 millones de soles y que los dos argumentos centrales de la constructora son una presunta cancelación arbitraria del contrato del proyecto y un marco legal predeterminado para evitar que avance el proyecto.

Responde a los argumentos de Odebrecht

Sobre la cancelación del Gasoducto del Sur, el titular de la PCM recordó que el Gobierno peruano se vio obligado a tomar esta decisión el 24 de enero del 2017 debido a que el consorcio del cual es parte Odebrecht "no alcanzó al cierre financiero". "Fue una responsabilidad directa de dichas empresas que conforman este consorcio y a consecuencia de ello el gobierno peruano tenía la potestad de ejecutar la carta fianza", señaló.

Sobre el marco legal que argumenta Odebrecht, Zeballos dijo que todo Estado "tiene legítimo derecho a defender sus intereses ante graves contravenciones por actos de corrupción". En ese contexto, recordó que se emitió el Decreto de Urgencia 003 y, posteriormente, la ley 30737, la cual ha permitido que se formalicen los acuerdos de colaboración eficaz.

El titular de la PCM también recordó que Enagas, otro de los consorciados del proyecto Gasoducto Sur Peruano, demandó al Estado peruano por un monto cercano a los 500 millones de dólares luego de que no fuera aceptada su solicitud de trato directo. Zeballos también mencionó que este tipo de arbitrajes internacionales "son bastante complejos y dilatados".

"El Estado peruano va a acudir, como es su trayectoria, a una defensa irrestricta de sus intereses. Ya se ha contratado a una consultora especializada en estas materias para el caso Enagas. Entiendo que este mismo estudio jurídico internacional (Arnold & Porter) debe ser el que también vea este segundo caso de Odebrecht", mencionó.

Finalmente, Zeballos destacó que el Estado peruano "tiene una solidez internacional" y recordó que el resultado de gran parte de las demandas que le fueron interpuestas por un monto que bordea los 50 mil millones fue "sumamente auspicioso". Pese a esto, el ministro lamentó que Odebrecht haya tomado esta decisión que calificó de "equivocada".

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