Jorge Ramírez, procurador ad hoc para el caso Lava Jato. | Fuente: RPP Noticias

Jorge Ramírez, procurador ad hoc para el caso Lava Jato, aseguró que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht "ha traído como beneficio un efecto dominó" al generar que otras empresas, como OAS y otras que por el momento no han autorizado que se revele su nombre, también se sometan a este procedimiento.

Asimismo, reiteró que la ley 30737, que establece el mecanismo de colaboración eficaz de las empresas y los cálculos para la reparación civil, fue aprobada por el actual Congreso, pese a que ahora se insiste en cuestionarla e incluso en buscar que sea derogada.

En tanto, la procuradora ad hoc adjunta Silvana Carrión precisó que antes de la aprobación de la ley 30737 no existía el marco legal para que las empresas puedan someterse a una colaboración eficaz

"La norma procesal penal estaba dirigida, básicamente, a personas naturales. Esta ley lo que trae es el marco legal para promover que las empresas ingresen a este procedimiento con ciertos beneficios que también la ley otorga", anotó.

Jorge Ramírez y Silvana Carrión, procuradores para el caso Lava Jato. | Fuente: RPP Noticias

Luego de defender la autonomía de la Procuraduría, Jorge Ramírez señaló que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, no tiene "ninguna" participación en este tema. Según explicó, la Fiscalía se encarga de "perseguir el delito" y "dirigir la negociación", mientras que la Procuraduría "mide la reparación civil" en base a los delitos que la Fiscalía advierte.

"Nosotros hemos medido la reparación civil sobre los delitos que la propia Fiscalía nos ha dicho que ha cometido la empresa y que recaen en estos cuatro proyectos: Interoceánica sur tramo 2 y 3, Evitamiento Cusco, Vía Expresa Costa Verde Callao y Tren Eléctrico. Más allá de eso no podemos ir porque la cancha la traza el Ministerio Público", explicó.

Finalmente, el procurador sostuvo que este acuerdo de colaboración eficaz "es un tema netamente judicial" que no puede estar sometido a un control político. De esta manera, descartó que el ministro de Justicia puede ordenarles cambiar el monto de la reparación luego de que sea interpelado por el Congreso.