El expresidente y la exprimera dama salieron de su vivienda en la madrugada luego de que la Fiscalía culminó la ejecución de la orden de incautación del inmueble.
Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, abandonaron este martes por la madrugada su vivienda en Surco, la cual fue incautada por la Fiscalía como parte de la investigación en su contra por presuntos aportes de Odebrecht a la campaña del Partido Nacionalista en el 2011. El expresidente ha calificado la medida como un abuso y una venganza del Poder Judicial luego de que el Tribunal Constitucional orden su liberación.
La diligencia de incautación culminó alrededor de las 3:30 a.m. de este martes, tras lo cual Humala y Heredia salieron del inmueble a bordo de un vehículo negro. El expresidente bajó la luna del auto y saludó a un grupo de simpatizantes en el lugar antes de partir con rumbo a la Panamericana Sur. Si bien la prensa espero su llegada a la casa de sus padres en Surco, esta nunca se dio.
Incautación de inmuebles
Este lunes el Poder Judicial admitió el pedido de la Fiscalía para incautar cinco viviendas del expresidente Ollanta Humala en los distritos de Surco, La Molina, la Victoria y Lurín, como parte de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos. Los inmuebles serán entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
La medida dio a Humala y su familia, así como los demás comprendidos en la orden, plazo hasta las 10 de la noche del lunes para desocupar los inmuebles compredidos en la orden. Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia, abandonó su vivienda, también ubicada en Surco, el lunes por la noche, luego de que la policía fiscal culminó con la diligencia en el inmueble por la tarde.
Denuncian abuso
Luego de que se venció el plazo, Ollanta Humala confirmó a través de su cuenta de Twitter que iba a dejar su vivienda y calificó la medida en su contra como un "abuso que debe ser reparado por respeto a la Constitución". Durante la jornada, congresistas como Jorge del Castillo (Apra) o Leyla Chihuán (Fuerza Popular) y especialistas como Luis Lamas Puccio cuestionaron la orden como una medida abusiva y sin fundamento.
La medida se ejecutó una semana después de que Humala y Heredia salieron de la cárcel por orden del Tribunal Constitucional. Ambos cumplían una orden de 18 meses de prisión preventiva como parte de las investigaciones en su contra por presunto lavado de activos. La incautación fue solicitada el 11 de abril, cuando el TC aún definía su voto en el pedido para liberarlos, por Germán Juárez Atoche y fue autorizada por Richard Concepción Carhuancho, el fiscal y el juez que meses antes solicitaron y autorizaron, respectivamente, la orden de detención.
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