El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al determinar que el recurso interpuesto por la defensa legal del exmandatario el último 26 de junio cumplió con los requisitos para ser remitido a una instancia superior.
La Corte Suprema admitió a trámite el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo, con el que busca que se archive el delito de rebelión que se le atribuye por el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.
El juez supremo Juan Carlos Checkley, adoptó esta medida al determinar que el recurso interpuesto por la defensa legal del exmandatario el último 26 de junio cumplió los requisitos que exige la ley para que sea remitido a la instancia superior para su evaluación respectiva.
El exmandatario apeló la resolución que emitió dicho magistrado en la que declaró infundada una tutela de derechos presentada para que se archive el delito de rebelión que se le atribuye al sostener que el Ministerio Público no cumplió con establecer la imputación concreta en su contra por este delito en el contexto de la investigación preparatoria que se le sigue por este caso.
Resolución
En su resolución, el juez supremo Checkley Soria determinó que los cargos imputados sí tienen relación con los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y que el proceso iniciado contra el exjefe de Estado no vulnera el principio de la imputación necesaria o suficiente ni sus derechos fundamentales en este caso.
Al respecto, la defensa del exmandatario solicitó que se revoque la resolución apelada y reformándola se declare fundada de tutela de derechos que presentaron previamente en este proceso penal.
El magistrado supremo resolvió conceder esta apelación y remitirla a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Si dicha instancia la admite a trámite deberá programar una audiencia virtual para evaluar este recurso con la participación de las partes involucradas, a fin de que se emita una decisión final al respecto.
Dicha sala suprema también deberá determinar si emite un pronunciamiento, en última instancia, respecto a otro recurso que presentó la defensa legal del exjefe de Estado para archivar este proceso por el cual cumple 18 meses de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.
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