El abogado constitucionalista Luciano López consideró que las recientes revelaciones del exministro Mariano González sobre Pedro Castillo constituirían el delito de obstrucción a la justicia.
El abogado constitucionalista Luciano López calificó como "previsible" la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de citar al exministro del Interior Mariano González para que declare sobre sus recientes expresiones contra el presidente Pedro Castillo, a quien señaló de estar "comprometido con la corrupción", luego de su abrupta salida del cargo.
En entrevista con RPP, el abogado recordó que desde el Congreso se debe modificar el artículo 117 de la Constitución que impide que el presidente pueda ser acusado constitucionalmente durante su mandato por casos de corrupción. Asimismo, consideró que esta situación abona a la tesis sobre la existencia de una presunta organización criminal.
"El estado constitucional, la democracia en el Perú, está bajo ataque y nada más y nada menos que por el propio presidente de la República. Esa sindicación es gravísima. ¿En qué condiciones la Fiscalía va a poder hacer una pesquisa mucho más completa y proseguir con la investigación si la Constitución le impide, si el presidente está manipulando para poder ubicar a sus cómplices en estos actos tan graves de corrupción?, indicó.
"Políticamente lo que tenemos es que el estado constitucional está bajo ataque y aquí entonces la palabra ya la tiene el Parlamento. ¿Qué es lo que va a hacer el Parlamento?", agregó.
El abogado también consideró que la fiscal de la Nación podría abrir una investigación preliminar contra el jefe de Estado por obstrucción de la justicia por tratarse de uno de los posibles delitos que se desprenden de las revelaciones que hizo tras su salida el exministro Mariano González, al igual que el de encubrimiento personal.
Para López sería "sumamente grave" que el presidente sea investigado por encubrimiento personal de personajes que actualmente se encuentran prófugos de la justicia, como el exministro Juan Silva. Explicó, además, que cuando terminen las investigaciones preliminares, la Fiscalía "va a tener que parar" antes de pasar a una investigación preparatoria.
La revelación del exministro
Momentos después de conocerse su salida del cargo, el ahora exministro del Interior Mariano González señaló tener la "convicción" de que su salida es debido a la creación del equipo especial de la Policía Nacional que iba a colaborar con la fiscal Marita Barreto.
"Yo no tengo hoy ninguna duda del compromiso que tiene el señor [Pedro Castillo] con la corrupción. Y no tengo ninguna duda que esta salida abrupta tiene como fin obstruir la administración de justicia", señaló en diálogo con Panamericana Televisión. Ello en referencia a la búsqueda de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez.
En ese línea, pidió garantías para el equipo especial de la PNP y que estará pendiente que no ocurra nada contra los miembros. "Creo que el señor Castillo obstruye la justicia, porque los agentes de inteligencia especializados busquen a los prófugos y, obviamente, por razones que la ciudadanía debe conocer", mencionó Mariano González.
Comentó que él sospechaba que este panorama podía suceder desde que ingresó al Gobierno. También indicó que había una "ley de hielo" en el entorno presidencial, ya que cuando buscaba dialogar con el mandatario, le dijeron que no se encontraba.
En las últimas horas, González había autorizado la creación de un grupo especial de la Policía para apoyar los casos de la fiscal anticorrupción Marita Barreto, que tiene a su cargo las investigaciones contra altos funcionarios, y se había comprometido a localizar a los prófugos en la denuncia abierta contra el mandatario, entre ellos el exministro de Transportes Juan Silva, el exsecretario Bruno Pacheco y un sobrino de Castillo, Fray Vásquez.
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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.
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