PJ evaluará el 22 de agosto si admite a trámite apelación de Pedro Castillo para excluirlo del caso Puente Tarata

El Poder Judicial evaluará el lunes 22 de agosto si admite a trámite, en segunda instancia, la apelación del presidente Pedro Castillo con la que busca ser excluido de la investigación preliminar que realiza la Fiscalía de la Nación por el caso "Provías Descentralizado - Puente Tarata".

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará ese día, en una audiencia reservada, si el recurso interpuesto por los abogados del Jefe de Estado cumple o no los requisitos que establece la ley para se proceda con el trámite respectivo.

Si el tribunal supremo decide declarar "bien concedido" este recurso de apelación y admitirlo a trámite, entonces deberá convocar posteriormente a una audiencia pública virtual para analizar el fondo de este recurso con la participación de las partes involucradas a fín de emitir una decisión definitiva al respecto.

Solicitud de Fiscalía

El pasado 21 de Julio, la Fiscalía Suprema asignada al caso solicitó al Poder Judicial que se declare infundado el recurso de apelación que presento la defensa legal del presidente Pedro Castillo en este caso.

Mediante esta apelación, el mandatario Pedro Castillo pide que se revoque la resolución que emitió el juez Supremo Juan Carlos Chekley, quien declaró infundada la tutela de derechos que presentó su defensa legal para anular la disposición de la Fiscalía de la Nación donde se ordena que el mandatario será incorporado en dicha investigación preliminar.

En esta apelación se considera que el magistrado se equivocó cuando analizó la interpretación del artículo 117 de la Constitución referido a la inmunidad presidencial y que la Fiscalía de la Nación al investigar al mandatario viola el procedimiento establecido por la legislación constitucional y afecta la seguridad jurídica haciendo impredecible la actuación de los poderes públicos.

El presidente Pedro Castillo es investigado en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en perjuicio del Estado a raíz de este caso donde también están comprendidos el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, y un grupo de congresistas de la bancada de Acción Popular, conocidos como "Los Niños".

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