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por Redacción RPP
·Según la Procuraduría General del Estado, este pago tendría que ser pagado por Pedro Castillo y también sus exministros Aníbal Torres, Betsy Chavez, Roberto Sanchez y Willy Huerta.
El procurador general Daniel Soria solicitó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema que expresidente Pedro Castillo pague una reparación civil superior a los S/ 67 millones, como una "indemnización" por su intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.
Soria incluyó a los exministros Aníbal Torres, Betsy Chavez, Roberto Sanchez y Willy Huerta para que también contribuyan en el pago
de esta reparación civil junto a Castillo Terrones. Esto en su calidad de coautores del presunto delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
La Procuraduría precisó que, por los presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad que imputa la Fiscalía, fijó como monto de reparación S/ 17 711 000; mientras que por supuesta grave perturbación de la tranquilidad propuso S/ 50 millones. Pedro Castillo se encuentra cumpliendo 18 meses de prisión preventiva.
La entidad señala que este monto inicial es provisional y que se reservan el derecho de variar o incrementar el dinero solicitado tanto por el daño patrimonial que se haya generado al Estado en función de mayores y nuevos elementos de convicción que surjan de las investigaciones.
Pedro Castillo quiere archivar investigación
El expresidente Pedro Castillo solicitó a la Corte Suprema que ordene archivar la investigación preparatoria que se le sigue en el Ministerio Público por el fallido golpe de estado que protagonizó el pasado 7 de diciembre.
La defensa legal del exmandatario señaló que la acción realizada en aquel episodio "no constituye delito". Al respecto, el juez supremo Juan Carlos Checkley programó para el próximo martes 23 de mayo, la audiencia virtual en la que evaluará dicho requerimiento con la participación de las partes involucradas, con el objetivo de emitir una decisión al respecto.
Castillo Terrones presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción en el que sostiene que el hecho que se le imputa "no constituye delito o no tiene connotación penal", por lo que se debe disponer el archivo definitivo de la causa.
Vale resaltar que, días atrás, el expresidente presentó un recurso de tutela de derechos por medio del cual solicitó al juez Checkley Soria que ordene archivar el delito de rebelión que se le imputa en este caso. Esto bajo el argumento de que la Fiscalía no cumplió con establecer la imputación concreta en su contra respecto a este cargo.
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