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por Julio Cisneros
·El expresidente Pedro Castillo seguirá recluido en el Penal de Barbadillo en Ate luego que el Poder Judicial resolviera que se mantenga "vigente" el mandato de prisión preventiva por 36 meses que se dictó en su contra por presunta organización criminal agravada en perjuicio del estado.
El expresidente Pedro Castillo seguirá recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, luego que el juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió que se mantenga "vigente" el mandato de prisión preventiva por 36 meses que se dictó en su contra por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
El magistrado declaró infundada la revisión de oficio de esta medida restrictiva que impuso su despacho al exmandatario el 9 de marzo del 2023 como parte de la investigación preparatoria que le inició el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y colusión en perjuicio del estado a raíz de estos tres casos acumulados en un solo expediente.
La defensa legal del exjefe de Estado sostiene que su patrocinado no ha tenido empresas y tampoco organizaciones criminales, menos considerando la modificación legal vigente, por lo que se le debe dictar comparecencia con restricciones sujeta a reglas de conducta teniendo en cuenta que se trata de un investigado que se encuentra más de 18 meses privado de su libertad.
No obstante, el juez supremo Checkley Soria determinó que aún subsisten los motivos que sustentaron el dictado de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por el plazo de 36 meses en este expediente acumulado.
El magistrado resaltó que la medida impuesta al exmandatario es idónea, necesaria y proporcional al tratarse de un caso complejo y por qué además los niveles de peligro de fuga y obstaculización son elevados
"Observándose que el caso continúa revistiendo complejidad, encontrándose en investigación el accionar de una supuesta organización delictiva, en tres entidades estatales (Petroperú S.A., Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Provias Descentralizado, y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento); organización que habría estado liderada por Castillo Terrones y con la participación de altos funcionarios del Estado, no se enervaron los actos de obstaculización por parte de la supuesta organización y el apoyo que habría brindado para la fuga de uno de sus presuntos integrantes –Juan Silva Villegas", precisó el juez supremo Juan Carlos Checkley en una resolución emitida el último 5 de noviembre a la que tuvo acceso RPP.
El último 17 de octubre, el juez supremo Juan Carlos Checkley también resolvió que se mantenga "vigente" el mandato de prisión preventiva que se impuso al expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de estado que protagonizó el 7 de diciembre del 2022 al declarar infundada la revisión de oficio de dicha medida restrictiva que se le impuso dentro de este proceso penal en el que el Ministerio Público pidió que se le imponga la pena de 34 años de prisión al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del estado y de la sociedad a raíz de este caso.
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Julio Cisneros Periodista
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