La medida fue adoptada por el juez Leodan Cristobal Ayala, quien determinó que el recurso interpuesto por la defensa legal del Estado cumplió con los presupuestos para ser aceptado.
El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior con el que busca constituirse como actor civil o parte agraviada dentro del proceso penal que se le sigue a Rocío Leandro Melgar, quien es sindicada por la Policía como ‘Camarada Cusi’ y a otras personas por presunta afiliación a una organización terrorista.
El juez Leodan Cristobal Ayala adoptó esta medida al determinar que el recurso interpuesto por la defensa legal del Estado cumplió con los presupuestos subjetivos, objetivos y formales de todo medio impugnatorio para ser aceptado.
La Procuraduría para casos de terrorismo demanda a la instancia superior que revoque la resolución emitida por dicho magistrado en la que declaró improcedente su pedido para constituirse como actor civil o parte agraviada dentro de la investigación preparatoria seguida a estas personas por dicho delito en agravio del Estado y reformándola declare fundada dicha solicitud.
Ante ello, el juez Cristobal Ayala resolvió conceder este recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que si lo admite a trámite deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes procesales, a fin de emitir una decisión final al respecto.
La resolución que fue apelada
El juez Leodan Cristobal Ayala declaró improcedente la solicitud de constitución en actor civil que hizo la Procuraduría para casos de terrorismo al advertir una seria incongruencia respecto de la pretensión económica de la propuesta de reparación civil a favor del Estado que presentó dicha entidad contra los implicados en este caso.
El magistrado precisa que dicha Procuraduría afirma que los imputados habrían cometido los hechos ilícitos en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, a partir de agosto de 2022 hasta enero de 2023, por los que postula el pago de S/ 500 000 de reparación civil, pero como dato de sustento o referencia utiliza el presupuesto de S/ 109 065 548 invertido por el Estado en la lucha contra el terrorismo de 2012 a 2020 a nivel nacional, según las cifras contenidas en el Oficio N° 0110-2021-EF/50.06 emitido por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
El juez Leodan Cristóbal Ayala concluye que la Procuraduría para casos de terrorismo solo se ha limitado a postular un monto al azar sin ninguna justificación objetiva y los datos acompañados no reflejan la inversión del Estado en la lucha contrasubversiva en la región Ayacucho en 2022, sino, solo datos genéricos a nivel país de años pasados, lo que no guarda relación con el lugar ni el periodo de la comisión delictiva atribuida.
La decisión de dicho magistrado origina que la Procuraduría para casos de terrorismo no pueda solicitar ni acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le pueda imponer a estos investigados en caso de ser hallados responsables del delito que se les imputa en este caso.
La Fiscalía investiga a Rocío Leandro Melgar, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en un penal del país, junto a Alex Miguel Gómez Falcón, Alejandro José Manay Pillaca, Estefany Jhazmín Alanya Chumbres, Piero Giles Gamboa, Fernando Quinto Cuba y Yulisa Gómez Ayala, quienes fueron comprendidos en este caso.
Todas estas personas fueron detenidas por la Policía Nacional el 12 de enero del 2023 en Ayacucho bajo el cargo de promover las violentas protestas registradas en esta región del país.
Comparte esta noticia