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por Redacción RPP
·Entre las nuevas reglas de conducta contra Yenifer Paredes que solicita Fiscalía está el no comunicarse con las personas que hayan declarado en calidad de testigos dentro de esta investigación.
El Poder Judicial evaluará este miércoles 10 de mayo el requerimiento realizado por el despacho del fiscal Jorge García Juárez, a fin de que se imponga a Yenifer Paredes la prohibición de no comunicarse con las personas que hayan declarado en calidad de testigos en la investigación y sus coimputados, así como la prohibición de no brindar o abstenerse de dar declaraciones en los medios de comunicación sobre hechos y aspectos sobre este caso.
El juez Justiniano Romero determinó analizar este requerimiento en una audiencia de carácter presencial que se realizará este miércoles desde las 9 de la mañana en la sede del Poder Judicial que está ubicada en la cuadra 7 de la Prolongación Tacna, en el Cercado de Lima.
Sin embargo, el magistrado dispuso que de manera excepcional Yenifer Paredes pueda participar de manera “virtual” en esta audiencia judicial.
Restricciones
La cuñada del expresidente Pedro Castillo afronta esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones sujeta a reglas de conducta.
Entre dichas restricciones están el no ausentarse del lugar de residencia ni variar el mismo sin previa autorización escrita del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del caso y comunicación previa a Fiscalía.
También debe acudir mensualmente a la oficina de registro y control biométrico a registrar su huella digital e informar al Juzgado de investigación Preparatoria Nacional a cargo del caso el primer día útil de cada mes; y concurrir puntualmente ante las autoridades del Poder Judicial y/o Ministerio Público, cuando se requiera su presencia.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder atribuye a Yenifer Paredes, el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, y otros integrar una presunta organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas que tenía como campo de acción Lima, Cajamarca y Amazonas.
En dichas provincias se habría favorecido a empresas fachada con el otorgamiento de la buena pro en obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero pese a no contar con los requisitos exigidos por ley.
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