El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al precisar que el plazo de 36 meses de la medida impuesta a Luciana León el 31 de enero de 2020 tenía vigencia hasta el 30 de enero de 2023, por lo que en la actualidad dicho plazo venció en exceso.
El Poder Judicial levantó la orden de impedimento de salida del país que se le impuso a la excongresista del partido aprista Luciana León como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por una supuesta vinculación con la organización criminal 'Los Intocables ediles de La Victoria'.
El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida “de oficio” al precisar que el plazo de 36 meses de la medida impuesta a dicha legisladora el 31 de enero del 2020 tenía vigencia hasta el 30 de enero del 2023, por lo que en la actualidad dicho plazo venció en exceso.
Mediante una resolución emitida el último 19 de julio a la que tuvo acceso RPP, el magistrado también remarcó que el no presentó requerimiento para que se prolongara la orden de impedimento de salida del país que se dictó contra la exparlamentaria dentro de este proceso penal.
Ante ello, el juez supremo Checkley Soria decidió notificar su resolución a la División de la Policía Judicial y a la Oficina General de Administración y Finanzas – trámite Documentario de la Superintendencia Nacional de Migraciones para los fines pertinentes.
El magistrado también ordenó que se devuelva a la excongresista Luciana León su pasaporte diplomático y su pasaporte de la República del Perú por haber vencido los 36 meses que se fijó en la orden de impedimento de salida del país que se le había impuesto dentro de este caso.
No obstante, la exlegisladora seguirá afrontando bajo mandato de comparecencia con restricciones esta investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo propio y peculado doloso por apropiación que le atribuye el Ministerio Público en agravio del estado dentro de este proceso penal.
El proceso
El caso de los “Intocables ediles” estalló en el agosto del 2018 cuando la Policía detuvo a Elías Cuba, entonces alcalde de La Victoria y otros funcionarios de esta comuna por ser parte de una red dedicada al cobro de cupos a comerciantes ambulantes de este distrito limeño.
“Los Intocables ediles” ganaba más de 26 millones de soles anuales por cobros ilegales de parqueo vehicular y SISA, el cual se realizaba a más de 8 000 comerciantes ambulantes que trabajaban en la vía pública.
El caso escaló a nivel político cuando se incluyó a Luciana León al ser sindicada por la Policía y la Fiscalía como “el brazo político – legal de esta mafia” para la que habría gestionado la sobrevaloración de obras y servicios públicos en el distrito limeño de la Victoria para obtener ingresos ilícitos.
Según el Ministerio Público, la excongresista aprista habría recibido por esta labor sumas de entre 15 mil a 30 mil soles mensuales entre los años 2017 y 2018.
También se le atribuye el presuntamente haber intercedido ante los Ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento para agilizar obras municipales en La Victoria, entre otros hechos.
Treinta años de la Asociación Civil Transparencia
La Asociación civil Transparencia fue fundada en julio de 1994, dos años después de que se perpetrara un golpe de Estado y a menos de un año de elecciones generales.
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