La exlegisladora Luciana León es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación en agravio del estado a raíz del caso 'Los Intocables Ediles'.
Judiciales
Este pedido fiscal fue presentado ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley
El Ministerio Público pidió al Poder Judicial que amplíe por ocho meses el plazo de la investigación preparatoria seguida a la excongresista Luciana León por una supuesta vinculación con la organización criminal "Los Intocables Ediles de la Victoria".
El pedido fue hecho el último primero de marzo por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos que investiga a la exlegisladora aprista por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación en agravio del estado a raíz de este caso.
La instancia suprema fiscal demandó la prórroga de esta investigación preparatoria por el plazo de ocho meses con el fin de que se puedan realizar las diligencias que se encuentran pendientes para establecer las responsabilidades del caso.
Este pedido fiscal fue presentado ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley quien programó para el miércoles 20 de marzo a las 2.30 p. m. una audiencia virtual en la que evaluará dicho requerimiento con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto.
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El proceso
El caso de los “Intocables Ediles” estalló en el agosto del 2018 cuando la Policía detuvo a Elías Cuba, entonces alcalde de La Victoria, y otros funcionarios de esta comuna por ser parte de una red dedicada al cobro de cupos a comerciantes ambulantes de este distrito limeño.
“Los Intocables Ediles” ganaba más de 26 millones de soles anuales por cobros ilegales de parqueo vehicular y SISA , el cual se realizaba a más de ocho mil comerciantes ambulantes que trabajaban en la vía pública.
El caso escaló a nivel político cuando se incluyó a Luciana León al ser sindicada como “el brazo político – legal de esta mafia para el que habría gestionado la sobrevaloración de obras y servicios públicos en el distrito limeño de La Victoria para obtener ingresos ilícitos.
Según el Ministerio Público, la excongresista aprista habría recibido por esta labor sumas de entre 15 mil a 30 mil soles mensuales entre los años 2017 y 2018.
También se le atribuye el presuntamente haber intercedido ante los Ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda , Construcción y Saneamiento para agilizar obras municipales en La Victoria ,entre otros hechos.
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