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Poder Judicial dispone que el Ejecutivo retire las rejas de la Plaza de Armas

La Plaza de Armas deberá ser reabierta al público.
La Plaza de Armas deberá ser reabierta al público. | Fuente: Andina

El Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado el hábeas corpus presentado a favor de los trabajadores y consumidores de los establecimientos comerciales aledaños a la Plaza de Armas; por vulnerar el derecho a la libertad individual-libre tránsito.

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El Poder Judicial declaró fundada la demanda de habeas corpus interpuesta por el ciudadano Carlos Fernández Vélez a favor de los trabajadores y consumidores de los establecimientos comerciales aledaños a la Plaza de Armas afectados por el cierre con rejas.

La Corte Superior de Justicia de Lima accedió al recurso presentado contra el presidente Pedro Castillo, el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, y el jefe de la Región Policial Lima, por presuntamente atentar contra el derecho al libre tránsito de los trabajadores y consumidores aledaños a la Plaza Mayor.

En consecuencia, se ordena que las autoridades cumplan “con retirar las (rejas) que impidan el acceso de los trabajadores y consumidores de los establecimientos comerciales aledaños a la Plaza Mayor del Centro Histórico de Lima”.

“Exhórtese a la (parte) demandada que se abstenga de realizar actos similares al presente en el futuro”, se lee en la resolución de la jueza Milagros Grajeda.

Demanda del municipio

Cabe mencionar que el municipio de Lima presentó una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo el pasado 14 de setiembre, luego de que el Gobierno decidiera poner rejas a la Plaza de Armas de la capital peruana.

“El pasado 14 de setiembre, la Municipalidad de Lima interpuso una demanda de amparo contra el Poder Ejecutivo por la instalación permanente de rejas y parantes en los alrededores de la Plaza de Armas que impiden el libre acceso de ciudadanos peruanos y turistas”, señalaron en un comunicado.

Además, refirieron que el cierre de las calles del Centro Histórico ha sido dispuesto de manera arbitraria por el Gobierno y que “transgrede el libre acceso de los vecinos a sus viviendas y de los trabajadores de las instituciones y negocios ubicados en el Centro Histórico, perjudicando el desarrollo económico de esta importante zona de la ciudad”.

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