La Municipalidad de Lima señaló que el cierre de la Plaza Mayor transgrede el libre acceso de los vecinos a sus viviendas y de los trabajadores de las instituciones y negocios ubicados en el Centro Histórico, perjudicando el desarrollo económico de esta importante zona.
La Municipalidad de Lima anunció que presentó una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo el pasado 14 de setiembre, luego de que el Gobierno decidiera poner rejas a la Plaza de Armas de la capital peruana.
"El pasado 14 de setiembre, la Municipalidad de Lima interpuso una demanda de amparo contra el Poder Ejecutivo por la instalación permanente de rejas y parantes en los alrededores de la Plaza de Armas que impiden el libre acceso de ciudadanos peruanos y turistas", señalaron en un comunicado.
Además, refirieron que el cierre de las calles del Centro Histórico ha sido dispuesta de manera arbitraria por el Gobierno y que "transgrede el libre acceso de los vecinos a sus viviendas y de los trabajadores de las instituciones y negocios ubicados en el Centro Histórico, perjudicando el desarrollo económico de esta importante zona de la ciudad".
"La comuna metropolitana espera que el Juzgado Constitucional declare la nulidad o deje sin efecto cualquier disposición legal que restrinja el derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente equilibrado y que habilite los accesos públicos cerrados a la Plaza de Armas de Lima y sus inmediaciones, así como al Centro Histórico de Lima".
Por último, recordaron el pronunciamiento a favor por parte del Poder Judicial que "beneficiará a todos los ciudadanos limeños, sentando de esta forma un precedente que garantice y resguarde el interés público de la colectividad".
Negocios son afectados por medida
Las manifestaciones registradas hace semanas alrededor de Palacio de Gobierno, para mostrar el rechazo a la gestión del presidente Pedro Castillo, impacta en la economía de los negocios ubicados alrededor de esta institución.
Para nadie es un secreto que transitar en el centro histórico de Lima cada vez es más difícil, y no solo por las obras, también por el enrejado custodiado por varios agentes policiales, el cual se colocó alrededor de la Plaza Mayor de Lima, colocado por dichas protestas.
Esta restricción generó pérdidas de al menos S/ 144 millones en lo que va del 2022 a los comerciantes y pequeños empresarios de los negocios aledaños. Las mermas fueron confirmadas por la Confederación Nacional de Comerciantes.
Su representante, Eduardo Estrada, detalló que cada mes las pérdidas son de S/18 millones en promedio, que sumados dan S/144 millones. Además, explicó que son entre 1 200 y 1 300 los comerciantes afectados por el cierre.
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