Procuraduría Ad Hoc solicitó al Poder Judicial incorporar a cuatro empresas en investigación contra Martín Vizcarra

La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lavo Jato solicitó al Poder Judicial que ordene la incorporación de cuatro empresas como “tercero civil responsables” dentro del proceso penal seguido al expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua.

Esta empresas son Obras e Ingeniería S.A – Obrainsa, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.C – ICCGSA, Astaldi S.A e Incont Contratistas Generales S.AC., las cuales, para la defensa legal del Estado peruano, tendrían vinculación con los hechos materia de investigación por lo que deberían asumir el pago de una eventual reparación civil que se le pueda imponer a Martín Vizcarra a favor del Estado en caso el exmandatario no pueda cubrirlo con su patrimonio.

Al respecto, la jueza Margarita Salcedo admitió a trámite la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc y dispuso remitir este pedido a las demás partes procesales para que tomen conocimiento de su contenido y presentar sus descargos respectivos. Posteriormente, se someterá a una evaluación en audiencia a programar a fin de emitir una decisión al respecto.

El fiscal Germán Juárez Atoche pidió que se imponga 15 años de prisión al expresidente Martin Vizcarra luego de que aspirantes a colaboradores eficaces declararon ante su despacho sobre presuntos sobornos que habría recibido cuando fue gobernador regional de Moquegua por parte de empresas vinculadas al caso 'Club de la Construcción' a cambio del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y de la construcción del Hospital de dicha región del sur del país.

Congreso aprobó informe que recomienda acusar constitucionalmente a Martín Vizcarra

El último 5 de enero, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el informe final referido a las investigaciones de los sucesos ligados a la pandemia de la COVID-19 y la emergencia sanitaria contra el expresidente Martín Vizcarra. Con 13 votos a favor y una abstención, el grupo de trabajo parlamentario presidido por el legislador fujimorista Héctor Ventura se aprobó el informe que recomienda acusar constitucionalmente al exmandatario por un presunto delito contra la administración pública.

"Tenemos el informe final de la investigación que nos ha encargado el Pleno del Congreso en relación a los presuntos ilícitos a los que se refiere la moción del orden del día 370. Esto es la indagación de todos los hechos relacionados a la pandemia de la COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020-SA hasta el 26 de julio del 2021", dijo entonces Héctor Ventura.