Aprueban informe que recomienda acusar constitucionalmente a Vizcarra por presuntas irregularidades en pandemia

Con 13 votos a favor y 1 abstención, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó el informe final de la investigación de los hechos ligados a la pandemia de la COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia 008-2020, el cual recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra, por presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas.

Asimismo, junto al exmandatario se incluye dentro de la acusación en la modalidad de colusión en agravio del Estado a la ex ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva y a la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza.

"Tenemos el informe final de la investigación que nos ha encargado el Pleno del Congreso en relación a los presuntos ilícitos a los que se refiere la moción del orden del día 370. Esto es la indagación de todos los hechos relacionados a la pandemia de la COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020-SA hasta el 26 de julio del 2021", dijo el parlamentario Héctor Ventura.

Héctor Ventura precisó que el informe final tiene cinco líneas de investigación: adquisición de pruebas rápidas; negociación, adquisición y distribución e inoculación de vacunas; adquisición y suministro de oxígeno medicinal; decesos por COVID-19 - cifras de la sala situacional Minsa; y adquisición de estructuras metálica y equipamiento para el sector salud.

"Se han realizado 15 sesiones extraordinarias, seis sesiones ordinarias, y han asistido 56 declarantes, de los cuales 15 citados se les varió la condición de testigos a investigados", afirmó.

Conclusiones

Héctor Ventura señaló que entre las conclusiones del informe final se encuentran que en marzo del 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud, María Elizabeth Hinostroza; y la exministra de Economía, María Antonieta Alva, se reunieron con diversos representantes del sector salud y empresas privadas a fin de "concertar la adquisición de pruebas serólogicas" contrario a las políticas de salud vigentes que reconocían el uso de pruebas moleculares para detectar la COVID-19.

"Se ha corroborado que la central de compras públicas Perú Compras de manera excepcional durante el año fiscal 2020 a requerimiento del Instituto Nacional de Salud benefició irregularmente con la adjudicación de la buena pro la compra directa de N° 001-2020 a las empresas Nipro Medical Corporation Sucursal Perú y Multimedical Supplies SAC para la adquisición de un millón 400 mil pruebas serológicas, esto es pruebas rápidas", leyó. Agregó que se corroboró que el expresidente Martín Vizcarra y las exministras sabían que las pruebas serológicas "no cumplían los estándares requeridos" para diagnosticar con certeza la COVID-19.

Por otro lado, también se recomienda acusar constitucionalmente al exministro de Salud, Víctor Zamora, por el delito de omisión o demora de actos funcionales al permitir que se continuara ejecutando actos administrativos indebidos.

El documento deberá pasar a Pleno del Congreso para, una vez refrendado, derivarse al Ministerio Público y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

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