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Aprueban informe que recomienda acusar constitucionalmente a Vizcarra por presuntas irregularidades en pandemia

Héctor Ventura destacó que se dio un
Héctor Ventura destacó que se dio un "paso muy importante para alcanzar justicia" a las familias que perdieron integrantes durante los años de pandemia "a raíz de las nefastas decisiones asumidas" por el expresidente Martín Vizcarra al comprar irregularamente pruebas rápidas. | Fuente: Andina

El documento deberá pasar a Pleno del Congreso para derivarse a Fiscalía y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Con 13 votos a favor y 1 abstención, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó el informe final de la investigación de los hechos ligados a la pandemia de la COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia 008-2020, el cual recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra, por presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas.

Asimismo, junto al exmandatario se incluye dentro de la acusación en la modalidad de colusión en agravio del Estado a la ex ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva y a la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza.

"Tenemos el informe final de la investigación que nos ha encargado el Pleno del Congreso en relación a los presuntos ilícitos a los que se refiere la moción del orden del día 370. Esto es la indagación de todos los hechos relacionados a la pandemia de la COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020-SA hasta el 26 de julio del 2021", dijo el parlamentario Héctor Ventura.

Héctor Ventura precisó que el informe final tiene cinco líneas de investigación: adquisición de pruebas rápidas; negociación, adquisición y distribución e inoculación de vacunas; adquisición y suministro de oxígeno medicinal; decesos por COVID-19 - cifras de la sala situacional Minsa; y adquisición de estructuras metálica y equipamiento para el sector salud.

"Se han realizado 15 sesiones extraordinarias, seis sesiones ordinarias, y han asistido 56 declarantes, de los cuales 15 citados se les varió la condición de testigos a investigados", afirmó.

Héctor Ventura Angel, analizó cinco líneas de investigación para la elaboración del presente informe: adquisición de pruebas rápidas; negociación, adquisición, distribución e inoculación de vacunas Sinopharm; adquisición y suministros de oxígeno medicinal; decesos por COVID-19 y adquisición de estructuras metálicas y equipamiento para el sector salud. | Fuente: RPP

Conclusiones

Héctor Ventura señaló que entre las conclusiones del informe final se encuentran que en marzo del 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud, María Elizabeth Hinostroza; y la exministra de Economía, María Antonieta Alva, se reunieron con diversos representantes del sector salud y empresas privadas a fin de "concertar la adquisición de pruebas serólogicas" contrario a las políticas de salud vigentes que reconocían el uso de pruebas moleculares para detectar la COVID-19.

"Se ha corroborado que la central de compras públicas Perú Compras de manera excepcional durante el año fiscal 2020 a requerimiento del Instituto Nacional de Salud benefició irregularmente con la adjudicación de la buena pro la compra directa de N° 001-2020 a las empresas Nipro Medical Corporation Sucursal Perú y Multimedical Supplies SAC para la adquisición de un millón 400 mil pruebas serológicas, esto es pruebas rápidas", leyó. Agregó que se corroboró que el expresidente Martín Vizcarra y las exministras sabían que las pruebas serológicas "no cumplían los estándares requeridos" para diagnosticar con certeza la COVID-19.

Por otro lado, también se recomienda acusar constitucionalmente al exministro de Salud, Víctor Zamora, por el delito de omisión o demora de actos funcionales al permitir que se continuara ejecutando actos administrativos indebidos.

El documento deberá pasar a Pleno del Congreso para, una vez refrendado, derivarse al Ministerio Público y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

 

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