Abogado del alcalde de Punta Negra dice que hay "intereses políticos" detrás de su detención en megaoperativo

El abogado de José Delgado, alcalde de Punta Negra, cuestionó que la Fiscalía se base en "supuestos" para detenerlo preliminarmente. En declaraciones a la prensa, dijo que en las interceptaciones telefónicas no se menciona un pago o entrega de dinero a la autoridad edil y, por el contrario, consideró que existe responsabilidad de otros funcionarios.

"Yo pienso que sí porque muchas veces los funcionarios actúan de mutuo propio, sin consultar con el alcalde, aprovechan el cargo", señaló Ricardo Aranda. Sobre la existencia de una presunta organización criminal al interior de la Municipalidad de Punta Negra, dijo que esto "es cuestión de una investigación que se debe aclarar".

El representante de José Delgado Heredia también intentó minimizar la responsabilidad del alcalde en estos presuntos hechos que habría cometido su personal de confianza, al señalar que "muchas veces se cubren cosas". De igual modo, el abogado dijo desconocer el origen de los 120 mil dólares que se habrían encontrado durante el allanamiento.

"¿Ustedes saben cómo llega la denuncia a la Fiscalía? Hay intereses de grupos, gente que no está conforme con la gestión del alcalde, que lo quiere vacar, que no está contento con lo que está haciendo porque hay muchas obras. Hay gente que no quiere ese cambio y que no asimila el haber sido derrotados el año pasado", mencionó.

'La Jauría del Sur'

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con representantes del Ministerio Público, capturaron al alcalde de Punta Negra, José Delgado Heredia, y a 10 funcionarios de este municipio en un megaoperativo realizado la madrugada de este jueves.

Delgado Heredia es sindicado como cabecilla de la organización criminal ‘La Jauría del Sur’, dedicada al tráfico de terrenos, usurpación, entre otros, informó a RPP Noticias el fiscal superior Omar Tello Rosales, que encabezó en la diligencia.

Según la investigación, que inició en abril de 2019, la organización creaba asociaciones “con la supuesta necesidad de tener una vivienda” y tomaban posesión de terrenos en la jurisdicción. “Luego, esto era legitimado por los funcionarios”, detalló el fiscal Tello.